Durante la crisis mundial de salud más grande del siglo, los gobiernos iniciaron negociaciones con empresas farmacéuticas para la compra de las vacunas necesarias para inmunizar a su población contra la COVID-19. Dichas negociaciones se realizaron en medio de secretismo, con poca información pública disponible para la ciudadanía pese a que se trataba de compras hechas con fondos públicos. Apenas ahora, meses después del inicio de la vacunación a nivel mundial, se empiezan a conocer los términos en que los Estados lograron adquirir las cotizadas dosis.
La organización de defensa de derechos del consumidor Public Citizen analizó nueve contratos de la farmacéutica Pfizer y encontró que distintos Estados aceptaron guardar silencio sobre los acuerdos, renunciar a su inmunidad soberana y admitir que Pfizer controle donaciones de vacunas, reclame como suyos activos públicos en caso de arbitrajes y no enfrente ninguna penalidad frente a incumplimientos o reclamos por derechos de propiedad intelectual.
El informe analiza los acuerdos a los que llegó la farmacéutica con Albania, Brasil, Colombia, Chile, República Dominicana, la Comisión Europea, Perú, Estados Unidos y el Reino Unido. Y si bien cada contrato es distinto, dos aspectos se mantienen como constante: la falta de transparencia en las negociaciones y el poder que se le otorgó a Pfizer.
El silencio o secreto impuesto por la farmacéutica Pfizer no se limita a anuncios oficiales. También las disputas contractuales y los eventuales arbitrajes entre la empresa y los gobiernos fueron considerados como asuntos confidenciales para ambas partes. En los contratos analizados por Public Citizen, se establece que los arbitrajes serían conducidos bajo las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). En el caso de Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Perú y Albania (en borrador), las disputas tendrían el arbitraje de la CCI aplicando la ley de Nueva York.
En el caso de Perú, así como de otros países de América Latina, el contrato con Pfizer requiere que el gobierno renuncie a su inmunidad soberana. Para Brasil, Chile y Colombia, los acuerdos estipulan que los gobiernos renuncian a cualquier derecho de inmunidad que él o sus activos puedan tener o adquirir en el futuro. Además, para estos países, al igual que para República Dominicana, también se incluye renunciar a la inmunidad contra la incautación cautelar de cualquiera de sus activos. Pfizer tendría acceso a estos como garantía en el escenario de una disputa legal.