Según los medios de comunicación y los gremios empresariales, nos encontramos en una ola de conflictos sociales que estaría afectando la estabilidad económica del país y afecta la percepción del país ante futuras inversiones. Como discutíamos la semana pasada, los representantes de las grandes empresas volvían a exigir mano dura y represión, para continuar con sus operaciones sin hacerse cargo de los impactos de sus actividades.
En la visión de los medios y las grandes empresas, los conflictos sociales se explican por la presencia de "azusadores" que manipulan a los miembros de las comunidades para que se opongan a las grandes empresas y "el desarrollo del país". Se trata de una visión que se niega a entender los problemas de fondo: el "desarrollo" que promueven las grandes empresas ha significado exclusión, abuso, y destrucción de los territorios de muchas comunidades campesinas e indígenas a lo largo del país.
Felizmente para el país el gobierno optó por una ruta distinta. El día martes 2 de noviembre, se anunció una tregua tras una reunión con los ministros y ministras de Energía y Minas, y Cultura; llegando al compromiso de instalar una mesa de diálogo con todas las partes involucradas. Esta decisión va en línea de lo anunciado los días anteriores por la primera ministra, Mirtha Vázques que el gobierno buscaría un nuevo enfoque para tratar los conflictos sociales, evitando su escalamiento, y promoviendo el diálogo y entendimiento entre las partes.
Se trata sin duda de un anuncio positivo y que esperamos que permita dejar de lado la política de represión que ha caracterizado a gobiernos anteriores. Es necesario una política que promueva un diálogo honesto entre las partes, y que parta también de la comprensión de las necesiades y cosmovisión de los ciudadanos y ciudadanas que protestan exigiendo sus derechos.