Esta semana Ojo Público ha presentado un revelador informe sobre las deudas no pagadas y judicializadas de las grandes empresas que operan en nuestro país. Desde los medios de comunicación y sus expertos y analistas favoritos, se nos repite día a día que las grandes empresas nos dan trabajo y son los motores del crecimiento a la economía. En la teoría económica liberal, los impactos de las grandes empresas son positivos, no solo por esos motivos, sino también porque las ganancias que obtienen retribuyen al Estado en la forma de impuestos, los cuales deberían ser redistribuidos a la sociedad en la forma de obras públicas o programas sociales.
Sin embargo, lo que vemos en la realidad es que mientras más grandes son las empresas, mayores recursos pueden invertir para evitar su contribución con la sociedad y el Estado. Las cifras son abrumadoras. El reporte de portal de internet da cuenta que la deuda judicializada de las principales 99 empresas es superior al monto asignado a todo el sector Salud para el año 2022 y siete veces el total que está asignado para atender la emergencia sanitaria.
En ese sentido, no se equivoca el ministro de economía, Pedro Francke, cuando hace hincapié en que es momento que Telefónica (y otras empresas) empiecen a pagar la deuda que tienen con el Estado. Si en lugar de pagar a grandes estudios de abogados para judicializar sus impuestos, las grandes empresas decidieran pagarlos, el Estado podría aumentar en gran medida su recaudación y así mejorar los servicios públicos y programas sociales que implementa.
Ahí radica la importancia de la anunciada reforma tributaria minera y el impuesto a la sobreganancia, como mecanismos para captar esos recursos con mayor firmeza y claridad. Las grandes empresas no pueden aumentar su ganancia a costa del bienestar de los y las ciudadanas. Más aún cuando realizan actividades que tienen un inherente impacto social y ambiental que debe ser revertido o restaurado, como es el caso de las empresas mineras. Desde aquí hacemos un llamado de atención a la empresa minera Las Bambas S.A., que figura en el segundo lugar de esta lamentable lista de deudores públicos.