El pasado domingo 3 de octubre, el Presidente de la República, Pedro Castillo, acompañado por los principales miembros de su gabinete dio lanzamiento oficial a la llamada Segunda Reforma Agraria. Esta consiste en un conjunto de políticas que tiene como objetivo principal beneficiar a los pequeños agricultores familiares, que solían ser olvidados por las políticas implementadas en las últimas décadas. Entre las medidas se encuentra el restablecimiento de la franja de precios para los productos importados, un programa de compras públicas de alimentos, la protección y cuidado del agua, la promoción de la asociatividad entre los productores y la creación de un gabinete de desarrollo agrario y rural que diseñe e impulse las principales políticas en el sector.
Se trata de un conjunto de medidas necesarias y bastante moderadas. Como ha indicado el presidente en varias oportunidades, la Segunda Reforma Agraria no implica expropiaciones ni nacionalizaciones de la propiedad agrícola; a pesar de que algunas voces indican que hoy existe una mayor concentración de la tierra de la que existía durante la primera reforma agraria. Por otra parte, algunos expertos del sector empiezan también a señalar algunos vacíos y omisiones, que son importantes de tomar en cuenta, como la adaptación al cambio climático.
Sin embargo los empresarios agrícolas han puesto el grito en el cielo con estos anuncios. Ellos denuncian que el gobierno los ha excluido de la toma de decisiones en esas políticas y realizan comparaciones exageradas con la primera reforma agraria. Muchos destacan el temor de que esta nueva reforma sea como la primera, y "que le quiten las tierras a sus familias". La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) ha denunciado a través de un comunicado que la exclusión del sector privado. Eso ha sido secundado por empresarios del sector como Fernando Cillóniz, quien además cuestionó el lanzamiento del programa el 3 de octubre, fecha del golpe militar del 68.
Con esta victimización no solo expresan su rechazo a las nuevas medidas del gobierno, sino que continúan con el desconocimiento de los beneficios sociales y humanos que trajo la primera reforma agraria. La situación de los campesinos en muchos casos solo podría llamarse como esclavitud. Al parecer, a muchos de estos empresarios les gustaría volver a una situación como esa, más aún si tomamos en cuenta la realidad actual del sector de agroexportación, con trabajadores con sueldos ínfimos, sin derechos laborales, y contratados como jornaleros.
La situación de los campesinos y agricultores dista aún de estar resuelta, pero las medidas anunciadas como parte de la Segunda Reforma Agraria parece apuntar en el sentido correcto. Esperemos que los representantes de los empresarios agrícolas reflexionen y entiendan que es necesario reconocer los derechos laborales y humanos de los campesinos y trabajadores de su sector, ya que eso llevaría a una mejor situación social y económica para todos y todas las involucradas en una actividad esencial para la sociedad.