El pasado mes de agosto el juez a cargo de la demanda por el derrame de Chiriaco informó que, extrañamente, el Tomo I del expediente judicial de la demanda de acción de amparo presentada en el 2017 se había extraviado de su despacho. Los apus y lideresas de las comunidades manifestaron su preocupación, descontento y disconformidad al enterarse de lo sucedido.
Como se recuerda, el 25 de enero del 2016 ocurrió un derrame de petróleo crudo en el río Chiriaco. Decenas de personas, la mayoría de ellos niños y jóvenes menores de edad, expusieron su salud recogiendo el líquido contaminante a cambio de un pago por parte de la empresa estatal Petroperú. Los involucrados desconocían las consecuencias para la salud que tendrían sus acciones. En el 2017 cuatro de las comunidades afectadas, Nazareth, Wachapea, Pakun y Umakai; interpusieron una demanda de acción de amparo ante el Juzgado Civil de Bagua para que se atendiese a la población que estuvo en contacto con el crudo.
Los líderes y apus de las comunidades indican que hasta el día de hoy no se sabe que tienen los niños que agarraron el petróleo. Muchos de ellos ya son jóvenes y siguen sin recibir ningún tratamiento. Un estudio piloto hecho hace algunos años evidenció que muchos de estos jóvenes tienen altos índices de contaminación. El derrame de petróleo también afecto sus medios de subsistencia, ya que el pescado de la zona está contaminado, lo que obligó a muchas comunidades a dedicarse a la piscicultura.
El juez ha puesto en conocimiento de la ODECMA de Chachapoyas para la evaluación e investigación de la conducta de sus secretarios. Sin embargo, el expediente estaba a cargo del juez, por lo que esto sería un mecanismo para excluir su responsabilidad. Los apus por su parte consideran que ellos son los responsables directos, ya que sin ese documento no pueden continuar el proceso fácilmente.
Fuente: CAAAP