El distrito de San Juan de Lurigancho, el más poblado del país, se encuentra desde el sábado 4 de septiembre sin agua potable, como consecuencia de un nuevo aniego en el colector Canto Grande. No es la primera vez que se produce un aniego de esta naturaleza. Desde el 13 de enero del 2019 dicho colector del desagüe ha colapsado en al menos cuatro oportunidades, exponiendo a todos los residentes a las materias fecales que lleva, y al resto de vecinos del distrito a cortes en el servicio de agua potable.
Producto del último aniego, cientos de familias residentes de SJL forman colas para recibir aguas que traen los camiones cisterna de SEDAPAL, que espera restablecer el servicio en una semana. La causa del último aniego habrían sido las pruebas del Sistema Alterno de Emergencia, parte del cambio de 3.5 km de tubería de la red de alcantarillado de la Av. Próceres de la Independencia. Estas obras buscan solucionar las fallas ocasionadas por el primer aniego en el 2019, causado por las empresas involucradas en la reubicación y mantenimiento del colector Canto Grande, modificado por la construcción del Metro de Lima. Según un informe de la comisión del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), hubo tanto responsabilidad de SEDAPAL como de la empresa Acciona S.A., que estaba encargada del mantenimiento.
Sin embargo, a pesar de haber sido hallada responsable, la empresa ha firmado otros cuatro contratos con SEDAPAL por un valor de S/ 589 millones de soles en los últimos 2 años. Según el informe, tanto SEDAPAL como Acción ocultaron información sobre los trabajos para atender los forados registrados en la cuadra 8 y 9 de la calle Tusílagos en los días previos del aniego principal. La empresa Acciona habría realizado excavaciones que dañaron la tubería principal.
La Contraloría también detectó que dos funcionarios de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) habrían favorecido al Consorcio Tren Eléctrico al permitirle que contrate directamente a una tercera empresa (IVC Contratistas Generales SRL) sin contar con el marco legal y sin controles para que ejecute los trabajos de reubicación de interferencias con las redes primarias de agua potable y alcantarillado.
Fuente: El Comercio