El pasado martes 7 de septiembre, el ministro de Trabajo y Promoción del empleo, Iber Maraví, anunció un conjunto de medidas consensuadas tras haberse reunido con los líderes de los y las trabajadoras, así como los principales representantes de los y las empresarias.
La Agenda 19, como se conoce a esta nueva iniciativa, es una agenda de trabajo para los próximos meses que incluye temas que han sido omitidos por muchos gobiernos anteriores. Entre ellos se destaca la medida para definir finalmente una ley general del trabajo, que defina un nuevo régimen general laboral. En el mismo sentido, resulta vital la discusión de una nueva ley de relaciones colectivas de trabajo, que garantice derechos laborales reconocidos como la sindicalización y el derecho a la huelga. La propuesta del MTPE también anuncia la prohibición de la tercerización de los servicios, que viene siendo utilizado como una herramienta para desconocer y desnaturalizar las relaciones laborales.
En general, creemos que poner estos temas en la agenda son un importante paso adelante. Desde este reporte hemos destacado muchas veces la necesidad de discutir y establecer una nueva relación laboral entre empresarios y trabajadores, que sea concordante con el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas y todas. La agenda 19 parece abordar los principales puntos álgidos existentes, y plantea realizarlos fortaleciendo un espacio de discusión tripartito: Estado, Empresarios y Trabajadores.
Sin embargo, queda la duda de como se viabilizará llevar esta agenda en la práctica. A pesar de desde el ministerio anunciaron que la agenda había sido consensuada con los empresarios y trabajadores, el representante de la CONFIEP sostuvo que las medidas propuestas dificultarían la creación de empleo formal. Sus declaraciones dejan entrever que los empresarios se opondrían a las medidas, promoviendo más bien la continuación de las políticas de flexibilización laboral, que nos han dejado con una informalidad cercana al 70%. Por otra parte, el mismo ministro ha sido cuestionado fuertemente durante las últimas semanas, por supuestas vinculaciones con atentados de Sendero Luminoso a inicios de la década de 1980. El nivel de los cuestionamientos pone en cuestión su continuidad en la cartera, ya que incluso el primer ministro Guido Bellido llegó a pedir su renuncia.