La suspensión perfecta de labores ha vuelto a entrar en la agenda pública tras la presentación de un proyecto de ley para su eliminación por parte de la congresista Sigrid Bazán (Juntos por el Perú). Como mecanismo para enfrentar la pandemia, el entonces gobierno de Martín Vizcarra emitió el decreto de urgencia Nº 038-2020, que permitía a las empresas suspender el pago de remuneraciones y la asignación de tareas a sus empleados por un tiempo indefinido. Un decreto posterior facilitó la aplicación de esta medida reduciendo los requisitos, de manera que las empresas solo necesitaban demostrar que sus ventas durante el mes anterior a la aplicación de la norma eran iguales a cero. La consecuencia es que cientos de miles de trabajadores han perdido sus remuneraciones, algunos desde el inicio de la pandemia, lo que equivale a más de un año sin ingreso de ningún tipo.
Según la congresista, la norma que han presentado busca eliminar lo que denominan la suspensión perfecta «express» que permite solo mediante una declaración jurada la suspensión de los trabajadores de forma indefinida. De esta forma, se volvería al sistema existente previo a la pandemia, que establecía procedimientos y condiciones específicas para que las empresas puedan acceder a este mecanismo. Por otra parte la misma congresista indica que se han ido reduciendo el número de solicitudes, pasando de más de 18 mil solicitudes en abril del 2020 a 212 en diciembre de ese mismo año.
El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Iber Maraví, indicó que su despacho busca una solución alternativa que no implique necesariamente la eliminación de la suspensión perfecta sino sus ajustes, los que se darían a conocer durante la próxima semana.
También hubo diversos pronunciamientos desde la sociedad civil. El exviceministro de Promoción del Empleo, Fernando Cuadros, se preguntó que tan necesario sigue siendo este mecanismo y recalcó la importancia de realizar un diagnóstico respecto a la aplicación del mismo y conocer cuantas empresas realmente lo vienen utilizando y cuantos trabajadores involucra. Si la suspensión aún es requerida, dijo estar de acuerdo con elevar los requisitos de la misma, así como extender la subvención económica de S/ 760 que se entrega por los primeros tres meses.
Por su parte, Julio César Bazan, presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) dijo que esperaba que la figura sea derogada, ya que afecta a los trabajadores y los deja sin ingresos. Propuso que sea el Estado el que garantice una remuneración económica a los trabajadores, reconociendo que muchas empresas pequeñas o MYPES pueden estar gravemente afectadas por la pandemia.
Fuente: La República