El gobierno del presidente Pedro Castillo tiene que tomar una posición concreta frente a la suspensión perfecta de labores. Tal como comentamos en este número del reporte semanal, #DerechosEnEmergencia, este mecanismo esta nuevamente en discusión tras la presentación de un proyecto de ley por parte de la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, para la derogación del decreto que lo incluyó como parte de los mecanismos para enfrentar la pandemia del COVID-19.
La suspensión perfecta de labores fue cuestionada desde un primer momento ya que colocaba la carga de la pandemia en los más vulnerables: los trabajadores y trabajadoras que dependen de sus ingresos para su sustento. Al permitir la suspensión de los ingresos sin mayores requisitos que una declaración jurada, cientos de miles de personas se quedaron en la práctica sin trabajo, a pesar de mantenían un vínculo laboral con sus empresas. Algunos de ellos pudieron alcanzar a obtener una subvención de 700 soles, por apenas 3 meses, la que además era cubierta desde el Estado. Por otra parte, dada la continuación del Estado de emergencia, muchos de estos trabajadores se han quedado en esta situación desde el inicio de la pandemia: es decir, que llevan más de un año en una suerte de limbo laboral.
Frente a una situación de crisis como la que venimos sufriendo con el COVID-19, se esperaría que el Estado tome medidas para que los impactos negativos se distribuyan equitativamente en todos los sectores de la sociedad. Es otras palabras, que frente al desastre, todos nos mojamos para salir adelante. Sin embargo la política implementada le facilitó y otorgó todos los beneficios a solo un lado de la balanza: las empresas. Argumentando que de esta manera se evitaba la perdida de trabajo, el gobierno estableció este mecanismo. Lo que nunca se explicó es como mantener un trabajo, pero sin recibir salario alguno, era beneficioso para los trabajadores y trabajadores en esta situación.
Por otra parte, durante todo el 2020 y en lo que va del año se tienen evidencias de como las empresas hicieron un aprovechamiento indebido de este mecanismo. Lo más escandaloso han sido los reportes de las empresas que suspendían a sus trabajadores, incluso habiendo recibido beneficios públicos orientados a la reactivación de la economía, como los créditos Reactiva Perú. En lugar de reponer a sus trabajadores, estas empresas maximizaron sus ganancias, mientras sus empleados no tenían como sustentar su día a día.
Esta situación es insostenible en el tiempo. Es urgente que el Congreso de la República pondere la situación en la que viven cientos de miles de peruanos y regule la utilización este mecanismo. Esperamos también que la nueva discusión lleve al Ejecutivo a tomar medidas para la derogación o el ajuste de la suspensión perfecta de labores. Más aún cuando las cifras económicas muestran que nuestro país ha salido finalmente de la recesión, y nos encontramos en un proceso de crecimiento y recuperación económica. Es momento que quienes tienen más un año esperando tengan la oportunidad de recuperar sus salarios.