Congresistas pertenecientes a 5 bancadas en conflicto de intereses. Representantes de Renovación Popular, Fuerza Popular, Perú Libre, APP y Podemos tienen vínculos con universidades privadas a las que la Super Intendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) denegó la licencia. Las declaraciones dadas durante el primer mes dan a entender que han puesto a la entidad en la mira.
Esdras Ricardo Medina (Renovación Popular) ha sido elegido presidente de la Comisión de Educación, y desde su cargo aseveró que solicitarán explicaciones a la SUNEDU respecto al cierre de ciertas universidades en regiones. El congresista estudió una maestría en la Universidad Néstor Cáceres Velásquez de Puno, cuyo licenciamiento fue denegado en marzo del 2020. Por su parte Alex Paredes (Perú Libre), ha declarado que de ser necesario se tendrá que hacer una reestructuración de la entidad, ya que existen «muchas consultorías» y «trabajadores sin títulos». El congresista es abogado egresado de la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua, que también perdió el licenciamiento.
En el caso de María Acuña Peralta el conflicto de intereses viene por sus vínculos familiares. Ella es la hermana de César Acuña, dueño de la Universidad César Vallejo y líder de Alianza para el Progreso (APP). Ella ha propuesto crear «una comisión especial de control y acompañamiento» a las comisiones reorganizadoras de las universidades públicas que no lograron el licenciamiento. Otros dos miembros de la comisión de educación tienen vínculos con universidades privadas. Desde Fuerza Popular se tiene el caso de David Jiménez, quien es presidente de la Junta de Accionistas de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, la que si cuenta con licenciamiento. Por parte de Podemos Perú, se tiene el caso del congresista José Luis Elías, quien es fundador de la Universidad San Juan Bautista. Cuando fue miembro de la bancada de Fuerza Popular en el 2014 se opuso a la aprobación de la Ley Universitaria. Darwin Espinoza, legislador de Acción Popular, se comprometió con el rector de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, que no obtuvo licenciamiento, a plantear dar una nueva oportunidad a las universidades a las que se le denegó la licencia.
Desde la aprobación de la Ley Universitaria se les denegó la licencia a 51 universidades, la mayoría de ellas de capitales privados, que estaban lucrando con la promesa de una educación de calidad que nunca llegaba. Muchas de estas empresas educativas se opusieron antes y después de la aprobación de la norma, y siguen buscando como retroceder en las regulaciones que les exigen una calidad mínima para obtener la licencia de funcionamiento.
Fuente: La República