La Fiscalía de Delitos Tributarios y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) tienen en su poder una demanda contra Telefónica por la supuesta creación de un esquema que obligó a sus proveedores a pagar un porcentaje de sus contratos a una compañía europea, que es parte de su conglomerado en Países Bajos. Este país es considerado uno de los mayores paraísos fiscales del mundo, según Tax Justice Network. Actualmente, Telefónica del Perú sigue en litigio judicial contra la Sunat por un monto de, por lo menos, S/2.100 millones; en un contexto de cambio de gobierno, en el cual, mineras como Buenaventura y Cerro Verde llegaron a pagar recientemente S/3.100 millones que le debían al Estado.
Según la demanda penal, interpuesta por uno de sus exproveedores en Lima, esta estructura le permite a Telefónica evadir el pago de los impuestos que devienen de aquellos cobros. La demanda fue hecha por el empresario español Carlos Paz Salinas, director del Grupo Paz Salinas, que es dueña de Infopyme de España y su filial en Lima, exproveedora de Telefónica. Según la denuncia, la multinacional evade el pago de impuestos en Perú, al exigir a sus proveedores que paguen entre el 1% y 4% del precio total de sus contratos a una tercera empresa denominada Telefónica Global Services (TGS) ─ubicada en Alemania y que además forma parte de la corporación basada en Madrid─ bajo el argumento de que su función es centralizar las ofertas de potenciales vendedores a nivel global, vía una plataforma digital. De acuerdo a los reportes financieros de TGS de Alemania, dicha compañía está ubicada en el municipio de Ismaning en Múnich (Baviera), y tiene como única accionista a otra empresa del mismo país, pero sin empleados: Group 3G. Esta última, al mismo tiempo, registra como dueña a la holandesa Telefónica Global Activities, cuya única propietaria es Telfisa Global, igualmente en los Países Bajos, considerado un paraíso fiscal por las instituciones que combaten a la evasión tributaria. Según los documentos del caso, esta última pagó 177 millones de euros en 2020 a su única accionista: Telefónica S.A., matriz del grupo en Madrid. A la demanda de Paz Salinas de Infopyme ante el Ministerio Público y la Sunat, se suman los testimonios de otros empresarios de exproveedoras de Telefónica en Perú y Panamá: Antonio Simeone de la compañía nacional Fabricación de Repuestos S.A. (Faresa) y el guatemalteco Edgardo Valdez Andino de la sociedad panameña Nexus Telecom.
El contrato confidencial de TGS, para 2015 y 2017, resaltaba que la tarifa por sus servicios no estaba gravada de impuestos en siete países de América Latina, entre ellos el Perú. En los correos de Telefónica a Infopyme, la multinacional llegó a decir que esto ocurre porque TGS de Alemania no es considerada una empresa que brinde un servicio digital (que implicaría el pago del impuesto a la renta en nuestro país), dado que sus procesos no son automatizados y requieren de intervención humana. La operadora basa su posición en un informe de la Sunat del 2014. Por ello, el área fiscal de Telefónica dijo, en un correo de octubre del 2020, lo siguiente: “Los servicios prestados por TGS [de Alemania] no están sujetos a tributación en el Perú, puesto que el servicio es prestado íntegramente en el exterior […] la retención de impuestos aplicable es del 0%”.
El empresario Paz Salinas, por el contrario, dice en su denuncia ante las autoridades locales que Telefónica del Perú ha omitido el pago de impuestos con este mecanismo. Según su demanda, este es un caso de simulación, pues los beneficiarios reales de los servicios de TGS son las empresas del grupo Telefónica. “Lo que está haciendo en realidad el Grupo Telefónica es atraer resultados fiscales positivos a su filial en Alemania”, llegó a decir Infopyme a los funcionarios de la multinacional en los cruces de correos que tuvieron en marzo del año pasado, antes de recurrir a la autoridad fiscal y a la tributaria del Perú.