Con el reinicio de las protestas en Chumbivilcas, el conflicto con la empresa minera MMG Las Bambas apunta a convertirse en el primer conflicto social que a ser resuelto por el gobierno. Al igual que con gobiernos anteriores, las acciones y medidas que tomen nos permitirán vislumbrar cuál será el alineamiento del gobierno: de un respaldo absoluto a la visión e intereses de las empresas extractivas; o el de un rol de mediador entre las partes y garante del cumplimiento de los derechos sociales y humanos de las comunidades que pueden verse afectadas por las actividades empresariales.
Es importante notar que el conflicto con esta empresa minera no ha iniciado con este gobierno. La protesta actual tiene su antecedente en las manifestaciones realizadas en el 2015 contra la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con el que fue aprobado el proyecto minero. Inicialmente, el proyecto debía contar con un mineroducto para transportar el concentrado de cobre producido por la empresa. Esto fue posteriormente descartado para utilizar en cambio camiones, lo que termina generando graves impactos ambientales a las comunidades aledañas. La respuesta de los gobiernos anteriores ha pasado desde la criminalización de los manifestantes y la declaratoria de emergencia para evitar futuras manifestaciones, como la implementación de mesas de diálogo, con acuerdos parciales que demoran en su ejecución. A pesar de estas medidas las comunidades continuaron ejerciendo su derecho a la protesta e incluso consiguieron que en el 2019 el OEFA les diera la razón y ordenara la mitigación de los impactos del corredor vial. Los comuneros también reclaman que en el 2018 el MTC reclasificó sus vías comunales (que son usadas por Las Bambas) como nacionales, sin hacer ninguna consulta previa y sin tener finiquitado el saneamiento legal de dichos terrenos. Todo esto ha tenido como beneficiario las actividades de la empresa.
La modificatoria del EIA fue posible gracias a la introducción de un nuevo mecanismo legal, los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), los que se caracterizan por ser informes breves y de rápida aprobación, que no incluyen opiniones técnicas ni participación ciudadana. El espíritu de este instrumento era realizar modificaciones menores, sin embargo, se ha desnaturalizado y es uno de los más usados por las empresas, incluso para cambios mayores de componentes centrales de los proyectos. En el caso de Las Bambas, se han aprobado seis de estos ITS, que incluyen modificaciones a la planta de tratamiento de aguas residuales, poza de sedimentación, etc. El uso de este tipo de instrumentos también dificulta la fiscalización y participación de la ciudadanía y de la sociedad civil, ya que la información de un mismo proyecto está dispersa en diferentes instrumentos de gestión. Por otra parte, también se usan en una estrategia concatenada: se presentan modificaciones parciales en cada instrumento, lo que obliga a la aprobación de los siguientes y así sucesivamente. Se podría argumentar que las empresas no están actuando de buena fe, sino que buscan sacar la vuelta al espíritu de las normas.
El Estado y el gobierno de turno tiene el deber de mejorar la fiscalización y que las empresas no aprovechen de estos mecanismos hasta desnaturalizarlos. Sin embargo es fundamental que las empresas actúen de forma transparente, y presenten sus proyectos tal como los piensan realizar, y no solo para pasar su aprobación y modificar sus elementos más costosos posteriormente. De lo contrario, los conflictos sociales nunca van a terminar, ya que seguirán siendo ante la opinión pública, actores poco confiables, que dicen una cosa y hacen otra.