La noticia de la semana ha sido sin duda el pago por parte de la empresa Buenaventura de la millonaria deuda que aún mantenía con el Estado, gracias a la labor de las entidades fiscalizadoras como el Tribunal Fiscal y la SUNAT. La deuda ascendía a más de 2 000 millones de soles y fue fijada inicialmente en el 2010. Una década después, y luego del Poder Judicial le diera la razón al Estado, la empresa se vio obligada a pagar. Lamentablemente la historia no terminó, ya que la empresa ha anunciado que buscarán nuevos mecanismos para conseguir la devolución del dinero.
Este caso evidencia una problemática de la que se habla poco en los grandes medios de comunicación: los mecanismos y jugada legales que usan las grandes empresas para evadir y eludir impuestos. En muchos casos la estrategia es judicializar los procesos, y conseguir, mediante el poder de su capital, que grandes estudios de abogados retrasen los cobros hasta el punto de la prescripción de las deudas. Hace bien el nuevo ministro de economía Pedro Francke en iniciar un fortalecimiento de las entidades fiscalizadoras y enfocarse en los grandes deudores.
Es inaceptable que las grandes empresas, que suelen ser las primeras en beneficiarse en las épocas de bonanza, o de los programas de reactivación económica, busquen cada resquicio legal imaginable para dejar de dar la contribución económica que a todos nos corresponde. Sin duda habrá quienes consideren que se trata de «barreras burocráticas» o «sobrecostos», pero es imposible construir una sociedad equitativa e inclusiva cuando quienes más recursos tienen son los que menos aportan.
Pero las fallas del sistema de regulación y fiscalización no se reducen a un problema económico. Esto también se puede ver reflejado en la falta de derechos laborales adecuados, o la restricción del acceso a los mismos. En muchas empresas se optan por contrataciones irregulares, por recibos por honorarios o consultorías externas, a trabajadores que bajo toda consideración deberían estar en la planilla. De esa forma se evitan el pago de los mal llamados «sobrecostos» laborales. En sus formas más extremas, esto implica el riesgo a la salud y la vida de los trabajadores y trabajadoras.
No podemos olvidar la importancia de fortalecer los mecanismos de regulación y fiscalización en materia ambiental, más aún tomando en cuenta el nuevo reporte del Panel Intergubernamental frente al Cambio Climático. A pesar de no estar entre los países más emisores de gases de efecto invernadero, nuestro país tiene la tarea de proteger y cuidar los ecosistemas y recursos naturales de nuestro país. Para ello se requiere un sistema de protección ambiental que incluya sanciones efectivas, que incluyan la reparación de los ecosistemas.