En las últimas semanas la fiscalía ha revelado dos casos que atacan el corazón del sistema de salud pública de nuestro país. Se trata de las revelaciones de los casos conocidos como el de los «Ángeles Negros» y el «Club de las Farmacéuticas».
El primero de estos casos se trata de la venta por un grupo de funcionarios administrativos en colusión con personalidades y los directivos de una ONG llamada «Donantes de Esperanza» para la venta de turnos de camas UCI para pacientes con COVID-19 en el Hospital Almenara por sumas exorbitantes. La investigaciones fiscales se hicieron públicas con el allanamiento y el arresto de los principales involucrados. Esta semana, en una de las primeras audiencias al menos uno de los acusados se ha declarado culpable de las acusaciones.
El caso del «Club de las Farmacéuticas» se reveló también de forma muy similar, con los allanamientos a las casas de más de una docena de funcionarios públicos, incluyendo la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molineli. Sobre este caso la fiscalía encontró una organización criminal al interior del seguro de salud, que había orquestado la compra de insumos médicos en estado defectuoso y sobrevalorados, durante el primer año de la pandemia, causando un perjuicio para el estado que asciende a los 18.2 millones de soles.
Ambos casos revelan una terrible realidad en nuestro país: la salud ha dejado de ser considerada como un bien público y un derecho de todos los ciudadanos, y ha pasado a ser vista como una mercancía más, que está sujeta a las leyes de la oferta y la demanda del mercado. Este el mismo patrón con el que hemos visto durante el año anterior la sobrevaloración de camas UCI en las clínicas privadas, o la venta a precios elevadísimos de los medicamentos por parte de las cadenas de farmacias.
Ambos casos causan una mayor indignación cuando tomamos en cuenta que se han producido durante una de las peores pandemias que se recuerdan en nuestro país, que ha costado la vida de casi 200 mil peruanos. El nuevo gobierno tiene una labor muy grande para luchar contra la corrupción, en particular aquella que involucra tanto a actores públicos como privados. Para esto va a ser fundamental respaldar y dar mayor soporte a los equipos fiscales que vienen mostrando resultados importantes en los últimos años.