Desde el régimen de Alberto Fujimori, el negocio de los casinos –de alto riesgo por la penetración del lavado de dinero, según la Unidad de Inteligencia Financiera– ha sido cercano a la elaboración de sus políticas, sus representantes en el Parlamento y su candidata presidencial. La elección del Bicentenario no ha sido la excepción. OjoPúblico identificó a 17 financistas de las apelaciones de Keiko Fujimori ante el Jurado Nacional de Elecciones.
La aparición de estos empresarios, como financistas del pago de tasas de Fuerza Popular, confirma una relación de larga data entre el fujimorismo y el sector de juegos de azar. El régimen de Alberto Fujimori inafectó del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) a este sector; por lo cual el Estado dejó de recaudar alrededor de S/400 millones al año, desde el 2017, según el Ministerio de Economía y Finanzas. El Marco Macroeconómico Multianual proyecta que no se recaudará S/174 millones este año debido a dicha medida.
En 2018, el Gobierno impuso un Impuesto Selectivo al Consumo para los juegos de azar. Fuerza Popular y el excongresista, Miguel Torres, intentaron derogar esa medida con un proyecto de ley, que no llegó a ser aprobado. Torres fue integrante, hasta 2016, del estudio Torres y Torres Lara, que defiende a clientes del sector de tragamonedas. Según la acusación fiscal contra Fujimori por el Caso Lava Jato, dicha iniciativa legal fue un intento para “favorecer a grupos de poder empresarial vinculados a la organización criminal”.
La relación entre Fuerza Popular y dueños de casinos, efectivamente, está bajo investigación del Ministerio Público, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha alertado sobre los enormes riesgos de lavado de dinero en dicho sector. De acuerdo al Equipo Especial Lava Jato, el empresario José Sam Yuen ─dueño de los casinos Golden Palace y Hacienda, y de las salas de juego Tropicana, Copacabana y Silver Moon─ reclutó a 11 falsos aportantes para la campaña de Fuerza Popular en 2011 y 2016.
El sector de casinos y tragamonedas, como muchos otros del rubro de entretenimiento a nivel nacional, ha sido uno de los afectados por la pandemia debido a las restricciones sanitarias. Entre noviembre del 2020 y abril de este año, trabajadores de este sector han realizado diversos plantones en Lima, exigiendo la reactivación de sus actividades. Mientras tanto, empresarios de juegos de azar han destinado parte de su capital al financiamiento de la estrategia legal de Fuerza Popular.