El Congreso insiste con norma que militariza territorios indígenas. El pasado 02 de julio, el presidente de la República, Francisco Sagasti observó la autógrafa de la “Ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana”. Esta Ley había sido aprobada en abril por el Pleno del Congreso, y fue rechazada las organizaciones indígenas y campesinas, y también había sido cuestionada los ministerios de Defensa, Interior y Justicia, así como por la Defensoría del Pueblo, porque permitiría la militarización de los territorios indígenas. Pese a ello, la Junta de Portavoces del Congreso ha aprobado este jueves 8 de julio ir por la insistencia y ha exonerado al proyecto de su discusión en la Comisión de Defensa, para que pase directamente al Pleno.
Esta ley incorpora a los Comités de Autodefensa al Sistema de Seguridad Nacional y los subordina al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; además, los autoriza a adquirir armas de uso civil,y a recibir subvenciones económicas de los gobiernos locales, regionales y nacional e incluso donaciones de los sectores privados.
La observación presentada por el Ejecutivo señala que la autógrafa vulnera la autonomía de las comunidades campesinas y nativas y de los pueblos indígenas u originarios, y que estaría incumpliendo con el Convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas. También señala que la autógrafa delega “inconstitucionalmente a la sociedad civil funciones que corresponde asumir plenamente al Estado” y contradice a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del uso legítimo de la fuerza.
Ante la intensión del Congreso de aprobar por insistencia esta Ley, organizaciones indígenas, campesinas y ronderas nacionales como AIDESEP, CUNARC, CCP, CNA, ONAMIAP, FENMUCARINAP, entre otras decenas de organizaciones y bases regionales y locales, suscribieron un pronunciamiento en mayo, en el que expresaron un rechazo total al proyecto. Las organizaciones manifestaban que la norma es inconstitucional y es contraria al Convenio Nº 169 de la OIT y otros tratados internacionales, ya que promueve en territorios de comunidades campesinas y nativas una forma de organización armada, que no es parte de su estructura orgánica y que puede ser controlada por la PNP y las FFAA. Además, que compite con su organización propia, las autoridades comunales y las rondas campesinas. “Esto podría dar lugar a enfrentamientos internos, con la gravedad de que los CAD estarán armados y contarán con la asesoría legal gratuita de los Ministerios de Defensa e Interior en caso sus integrantes tuvieran denuncias, investigaciones o procesos judiciales por presuntos delitos cometidos en el cumplimiento de su apoyo a las fuerzas del orden”, señalaron las organizaciones en su pronunciamiento.
Esta norma vulnera abiertamente la autonomía y libre determinación comunal, su derecho a la función jurisdiccional y su derecho a la integridad. Además, no ha sido consultada pese a afectar derechos de pueblos indígenas u originarios, conforme lo exige el Convenio 169 de la OIT.
Las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y campesinos han demandado una norma que fortalezca el marco normativo de la jurisdicción indígena ejercida por las autoridades comunales y las Rondas Campesinas, y no la creación de una organización paralela que podría incentivar la violencia en sus territorios. Por ello, exigen al Congreso de la República no insistir en la aprobación de esta Ley.
Fuente: CooperAcción