Durante la pandemia, ante la escasez de camas UCI y el colapso del sistema sanitario público, en las redes sociales y en medios de comunicación se han publicado y difundido conmovedores anuncios de personas que han denunciado el cobro excesivo por los servicios de atención para Covid-19 en las clínicas privadas. En la desesperación por ver recuperados a sus familiares, muchos han aceptado deudas impagables con todo tipo de condiciones o arreglos, desde la firma de compromisos o pagarés, hasta acuerdos extrajudiciales, con cláusulas de confidencialidad. En otras situaciones, los establecimientos de salud han condicionado la atención al enfermo, el alta del paciente e, incluso, el retiro del cadáver.
Muchas de estas prácticas, de acuerdo a especialistas en derecho y salud pública consultados, son ilegales solo en algunos casos, debido a la falta de regulación de las autoridades. “Hemos visto que se ha mostrado la peor cara de las empresas durante la pandemia. Muchas personas, con tal de salvar a sus seres queridos, son capaces de firmar lo que sea sin leer. Pero eso es un aprovechamiento por parte de la empresa”, indica Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores (Aspec).
Asimismo, la retención de pacientes o cadáveres por falta de pago en los establecimientos de salud, públicos o privados es ilegal, según lo establece el artículo 70° del Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. “Este tipo de hechos pueden ser sancionados en la vía administrativa con multas de hasta 100 UIT, equivalente a S/ 440 mil según lo dispone el Decreto Supremo Nº 031-2014-SA”, advirtió Susalud en una nota de prensa, pero no ha querido dar más entrevistas para profundizar en su rol fiscalizador.
Durante la emergencia sanitaria, la exigencia de firma de pagarés o compromisos de pago se ha vuelto una práctica muy extendida en los establecimientos de salud privados. Aunque las familias no están obligadas a firmar este tipo de documentos, según indica el especialista Mario Ríos Barrientos, en medio del dolor y de la desesperación, terminan aceptando estas exigencias. No obstante, el abogado advierte que, a pesar de las deudas, las clínicas deben continuar brindando tratamiento a los pacientes. “Estos documentos son válidos, solo porque no están regulados, y eso es una irresponsabilidad del Estado. Hay una gran desprotección.