Peruvian Palm Holdings, la offshore controladora de Ocho Sur, segundo productor más importante de palma aceitera del Perú, redujo su capital a su milésima parte. Sus principales activos son más de 11 mil hectáreas de terrenos en la región Ucayali, que llevan años bajo la lupa de las autoridades por haber sido el escenario de un desbosque masivo en el corazón de la Amazonía. La compañía descarta haber efectuado un traspaso de los activos cuestionados y sostiene que la operación financiera responde a una nueva estructura con mayor sostenibilidad.
La mañana del último 11 de mayo, en Bermudas, un anuncio de curso legal en The Royal Gazette pasó inadvertido para las autoridades peruanas. En las páginas del diario isleño, la offshore Peruvian Palm Holdings, con domicilio en ese mismo paraíso fiscal, anunciaba una reducción de su capital en 99,9%. Para el 28 de mayo, se leía, la compañía pasaría de tener un valor en papeles de 698 millones de dólares a solo 69 mil 866 dólares.
La operación no despertaría alarmas en el Perú si no fuera porque hasta entonces sus principales activos eran las empresas peruanas del Grupo Ocho Sur. Estas compañías poseen más de 11 mil hectáreas de terrenos en la selva de Ucayali, convertidas en dos grandes plantaciones de palma aceitera gracias a un masivo desbosque investigado por el Ministerio Público. Se trata de un caso emblemático de la justicia ambiental, también conocido en los medios como el Caso Melka.
La red empresarial del especulador estadounidense Dennis Melka adquirió y deforestó estos predios, a través de las entonces compañías Plantaciones de Ucayali y Plantaciones de Pucallpa -que él creó en el Perú junto a una veintena de empresas, entre las cuales también figuran las que facilitaron la deforestación en otra región amazónica: Loreto-. Hoy, Melka viene siendo investigado por la Fiscalía de Crimen Organizado como presunto cabecilla de una organización delincuencial.
Álvaro Másquez, abogado del Instituto de Defensa Legal que asesora a la comunidad de Santa Clara de Uchunya, ve con escepticismo esta operación societaria. “Nosotros creemos que podría deberse a dos razones. La primera, a una situación de debilidad económica que obliga a la empresa a deshacerse de buena parte de su capital social para seguir siendo sostenible económicamente”, advirtió. “La segunda tendría que ver con una manera de empezar un nuevo traspaso de las propiedades del conglomerado a uno nuevo”, consideró. Másquez aseguró a Convoca.pe que entregaría esta nueva información a la Fiscalía de Crimen Organizado por considerarla importante para la teoría del caso en investigación.