La discriminación y las empresas

Empezamos la semana con la terrible denuncia que la empresa de ventas de productos de oficina y útiles escolares, Tai Loy, cometió un grave acto de discriminación acusando de robo a una de sus clientes, basándose tan solo en el color de su piel. La agraviada había terminado las compras con su hijo menor y se estaba retirando, cuando sonaron las alarmas de la tienda. No importando que tuviera los recibos de sus compras, los empleados de la tienda la acusaron de robo, iniciaron una persecución y llamaron a la policía. La agraviada fue detenida y sometida a acoso policial: en la comisaría la desnudaron para revisar sus pertenencias. Luego de 3 horas fue dejada en libertad. Su único délito, tener la piel negra.

Empezamos la semana con la terrible denuncia que la empresa de ventas de productos de oficina y útiles escolares, Tai Loy, cometió un grave acto de discriminación acusando de robo a una de sus clientes, basándose tan solo en el color de su piel. La agraviada había terminado las compras con su hijo menor y se estaba retirando, cuando sonaron las alarmas de la tienda. No importando que tuviera los recibos de sus compras, los empleados de la tienda la acusaron de robo, iniciaron una persecución y llamaron a la policía. La agraviada fue detenida y sometida a acoso policial: en la comisaría la desnudaron para revisar sus pertenencias. Luego de 3 horas fue dejada en libertad. Su único délito, tener la piel negra.

Ante un hecho como este, ni el Estado ni la sociedad pueden hacerse de la vista gorda y dejarlo pasar. Por eso saludamos tanto la rápida reacción de decenas de personas que realizaron un plantón en protesta por los actos de discriminación, así como las primeras acciones de INDECOPI, que podrían concluir con una multa a la empresa. Sin embargo, también es necesario el pronunciamiento de la fiscalía, frente a los delitos cometidos, así como una sanción a los policías de la comisaría de Barranco, que claramente abusaron de su poder.

Condenamos la reacción de la empresa Tai Loy, que pretende defenderse diciendo que tan solo “cumplieron sus protocolos”. Desconocemos qué clase de protocolos les exigen iniciar una persecución a una clienta que contaba con los recibos de sus compras. Las empresas deben tener un rol activo en la lucha contra la discriminación, tal como se los exige la ley y el respeto básico a los derechos humanos. Eso implica no solo el mínimo trato a toda persona en igualdad, sino también combatir los prejuicios y desigualdades históricas que existen en la sociedad. Y esto debe aplicar tanto para sus clientes así como para sus trabajadores y trabajadoras.

Desde esa mirada, lo hecho por la empresa continúa la indignante actuación de cientos de empresas que pretenden desconocer esta realidad. No es la primera vez que la discriminación racial de las empresas ha sido cuestionada. Basta recordar la infinidad de veces que los anuncios publicitarios de muchas empresas parecen representar la realidad de un país nórdico, antes que el día a día de la vida de los peruanos. Somos un país plurinacional, pluricultural y multiétnico; y las empresas están obligadas a dar un trato igualitario y equitativo a todos nosotros.

También es importante condenar las acciones de la Policía Nacional del Perú. Las denuncias de discriminación y abusos policiales a grupos históricamente discriminados es reiterada. El nivel de violencia y abuso policial parece correlacionarse con el color de piel. Otro motivo que evidencia la necesidad de una reforma policial. Por otra parte, la PNP también evidencia nuevamente tomar partido por la versión de la empresa. En lugar de buscar garantizar los derechos humanos de todos los involucrados, asume la versión de la parte empresarial como la verdadera. Esto se ha visto no solo en este caso, sino con mayor frecuencia en los conflictos socioambientales, donde los abusos policiales en defensa de los intereses privados van costando la vida de decenas de ciudadanos y ciudadanas. A 200 años de la independencia de la República aún quedan muchas tareas para garantizar la igualdad ante la ley que se prometió.