El portal Convoca.pe revisó información de la Defensoría del Pueblo y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y encontró que entre el 2004 y el 2019 un total de 48 peruanos murieron como consecuencias de los conflictos sociales vinculados a temas ambientales y laborales, relacionados con la inversión de grandes y medianas empresas mineras. De estos, 45 fueron civiles y 3 efectivos policiales. Respecto a las causas, se encontró que 41 personas fallecieron en conflictos socioambientales y 7 trabajadores mineros en huelgas que buscaban reivindicar sus derechos laborales.
La principal causa de muerte es el uso de armas de fuego para la represión de las manifestaciones. De los fallecidos, 40 perdieron la vida por causa de las balas, a las que se suman dos muertes por un perdigón y una bomba lacrimógena en la cabeza. Los conflictos relacionados a la minera Buenaventura han generado el deceso de 7 manifestantes.
Solo en el 2012, durante las protestas contra el proyecto Conga, 5 ciudadnos perdieron la vida en protestas contra el proyecto de la minera Yanacocha, donde Buenaventura tiene el 43% de las acciones. Algo similar sucedió con el proyecto Tía María, de la minera Southern. En ese proyecto fallecieron 7 civiles por el impacto de balas. Al día de hoy es el conflicto que mayor número de muertes ha causado.
En estos como muchos casos la justicia tarda o ha quedado en la impunidad. Así pasó con los fallecidos del conflicto en Conga, donde la fiscalía archivó la investigación aduciendo falta de pruebas. La investigación se realizó a 108 km de distancia, en un esquema que buscó dificultar a los familiares dar seguimiento al proceso.
Otro mecanismo preocupante es el uso de los estados de emergencia sin motivo. Esto sucede cuando la policía tiene convenios de seguridad con las mineras, de forma que las fuerzas del orden no garantizan los derechos de los ciudadanos sino de los que les están pagando. Para el oficial de Derechos Territoriales de Oxfam, Miguel Lévano, la posibilidad de que las direcciones territoriales de la Policía Nacional puedan pactar acuerdos de seguridad con las mineras hace que los efectivos actúen de forma parcializada.