El lunes 21 de junio se publicó la ley que permite al sector privado y los gobiernos locales y regionales la negociación y adquisición de vacunas contra la COVID-19. La norma fue aprobada por insistencia en el Congreso de la República, luego de la observación del Ejecutivo al existir un marco legal previo. La norma autoriza estas compras de forma excepcional y transitoria, y en el caso de los gobiernos regionales con cargo a su presupuesto institucional.
Esta no fue la única norma en este sentido, el pasado primero de junio el Poder Judicial autorizó a las empresas a que puedan importar vacunas para su distribución gratuita entre su personal y familiares directos. Sin embargo, la resolución rechezó ordenar una liberalización total de la importación de las vacunas, como se había solicitado.
Sin embargo, como fue advertido en numerosas ocasiones, la viabilidad de la importación de vacunas no se habría conseguido. Hasta el momento, ninguno de los 868 importadores de medicamentos y vacunas autorizados ha podido concretar la compra de vacuna alguna. La razón no se encontraría en una limitación legal, sino en el rechazo de varias empresas que por el momento prefieren seguir trabajando con los gobiernos. Por otra parte, los importadores tampoco cumplirían las exigencias regulatorias para importar vacunas, en general, que requiere tanto la autorización de DIGEMID, como también ser el titular del registro sanitario en el Perú. Esto último implica que solo se podrán importar las vacunas que cuenten con autorización para su uso en el Perú.
Frente a esta situación en el Congreso de la República se han discutido ya diversos proyectos de Ley para atenuar o modificar los requisitos del proceso de importación de vacunas. Al parecer, los intereses de un sector de importadores estarían por encima de las regulaciones y normativas que existen para cuidar la salud de los peruanos.
Con información de: RPP, El Comercio