Una de las más grandes tareas que el próximo gobierno deberá enfrentar es el proceso de recuperación económica y social del país, tras los estragos dejados por la pandemia del COVID-19. Aunque esta aún no termina, ya ha dejado un saldo de fallecidos que supera al cualquier otra crisis ocurrida desde la independencia de nuestro país. Esto ha sido acompañado de una crisis económica de magnitud que ha provocado la perdida de miles de empleos a lo largo del país y el debilitamiento de las condiciones laborales para muchos otros miles.
Sin duda alguna que este proceso de recuperación requerirá de los aportes del sector privado. En ese contexto será fundamental que el próximo gobierno genere los mecanismos adecuados para atraer y viabilizar dicha inversión, y al mismo tiempo, garantizar que la misma se haga en concordancia y respeto con los derechos humanos de todos y todas las ciudadanas de nuestro país. La publicación del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, puede ser un insumo clave en dicho proceso, pero el mismo presenta varias limitaciones que es necesario tomar en cuenta.
Frente a esto será de suma importancia el fortalecimiento de las capacidades del sector público para la regulación de las inversiones, sean nacionales o extranjeras. Dentro del ámbito de la protección ambiental y la defensa de los territorios y derechos de las comunidades indígenas; es necesaria la mejora y el fortalecimiento de los procesos de consulta previa que aún no cumplen con los estándares que se han establecido internacionalmente. También es necesario fortalecer los procesos de reparación y remediación ambiental, para poner fin a situaciones como la que sucede en el Lote 192, donde la empresa Pluspetrol se niega a reconocer su deuda ambiental en el lote, dejando tras de si una afectación importante a las poblaciones de dicho territorio.
Desde el punto de vista laboral, quedan pendiente las mejoras de la capacidad del estado para realizar una inspección laboral, que al día de hoy es incapaz de cumplir con la demanda. Uno de los aspectos más preocupantes, y que hemos destacado desde este espacio, es la falta del cumplimiento de las normas sobre la salud y seguridad en el trabajo, que terminan poniendo en riesgo la vida de los trabajadores y trabajadoras. En el mismo sentido es importante también que el Estado cuente con los mecanismos regulatorios para controlar el posible abuso de posición de dominio, por parte de las grandes empresas con una posición mayoritaria en el mercado. Un avance importante en ese sentido han sido las normativas en contra de la concertación empresarial y el control previo de fusiones empresariales.
Esto se debe reflejar en una nueva arquitectura institucional de políticas pública que ordene y regule la responsabilidad y rol de las empresas en materia de derechos humanos. En ese sentido, el Plan Nacional de Acción, es un punto de partida, más el objetivo mismo de esta política. Los próximos 5 años van a ser claves en el proceso de implementación de creación e implementación de esta nueva arquitectura.
Se trata sin duda de grandes retos para el próximo gobierno, que requerirá de la cooperación y apoyo de los diversos sectores. La crisis amerita buscar una salida que armonice los derechos de los y las ciudadanas, con la posibilidad de tener un crecimiento económico que permita la recuperación de puestos de trabajo y permita retomar la reducción de la pobreza. La labor del Estado es fundamental en este proceso.