En contra de la voluntad popular

El domingo 6 de junio cerca de 18 millones de peruanos fueron convocados para elegir al próximo presidente de la nación para los próximos 5 años. Al momento de escribir estas líneas, aún no se tenía el resultado final entre los dos contendores de la segunda vuelta: Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Con el 99.143% de actas contabilizadas, Castillo encabezaba el balotaje con una ventaja cercana a los 50 mil votos, o 0,5% de los votos válidos. Algo que la mayoría de expertos considera que no podría ser remontado por la candidata Fujimori en las actas pendientes de contabilizar.

El domingo 6 de junio cerca de 18 millones de peruanos fueron convocados para elegir al próximo presidente de la nación para los próximos 5 años. Al momento de escribir estas líneas, aún no se tenía el resultado final entre los dos contendores de la segunda vuelta: Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Con el 99.143% de actas contabilizadas, Castillo encabezaba el balotaje con una ventaja cercana a los 50 mil votos, o 0,5% de los votos válidos. Algo que la mayoría de expertos considera que no podría ser remontado por la candidata Fujimori en las actas pendientes de contabilizar.

Sin embargo la candidata vocera de los intereses empresariales no está dispuesta a ser derrotada por tercera vez consecutiva y ha puesto en marcha una nueva estrategia con el objetivo de anular hasta 200 mil votos de las zonas rurales del país, que mayoritariamente favorecían a Castillo. Este atentado contra la voluntad popular se sostiene en endebles acusaciones de fraude, que habrían sido realizados en 802 mesas diferentes a lo largo del país, y que habría involucrado a por lo menos 2406 miembros de mesa coludidos a favor de Perú Libre. Una acusación ridícula que ha empañado el proceso electoral y podría sumir a nuestro país en una seria inestabilidad política durante las próximas semanas.

Este ataque ha sido realizado con la colaboración de los más grandes estudios de abogados del país, conocidos por dar asesoría y apoyo legal a los intereses de las grandes empresas nacionales y trasnacionales. A través de las redes sociales y medios extranjeros se ha podido conocer los nombres de varios de los estudios involucrados, entre los que se encuentran: "Rodrigo, Elías & Medrano", "Rubio Leguía Normand", "Rebaza, Alcázar & De las Casas", "Garrigues", "Payet, Rey, Cauvi, Perez", "Miranda & Amado" entre otros. También se denunció que el Estudio Muñuz habría prestado sus oficinas para que los equipos de abogados armen los expedientes presentados.

Varios de estos estudios de abogados han estado involucrados en serios casos de corrupción. Por ejemplo, el Estudio Muñiz ha fue allanado por el Ministerio Público como parte e las investigaciones del caso Gaseoducto del Sur. Algunos de estos estudios también han sido beneficiados por créditos reactiva, a pesar de encontrarse entre las empresas más grandes del país, y encontrarse litigando contra el Estado en defensa de compañías por multas y tributos impuestos por los organismos reguladores.

La ley restringe las aportaciones privadas a las campañas electorales, por lo que la aportación de estos estudios podría terminar siendo considerada una nueva aportación ilegal al partido, a cambio de beneficios futuros. Delito por el que Keiko Fujimori viene siendo investigada y acusada actualmente, por los aportes a sus campañas electorales del 2011 y el 2016. Una vez más, las acciones de la candidata Fujimori han demostrado que no le importa perjudicar a "mil o 10 mil personas" con tal de hacerse del poder para si misma, y para los poderes empresariales que no quieren que nada cambie en el país.