Trabajadores de agroindustrias de Chao envían carta al Presidente de la República exigiendo que muertes del paro agrario no queden impunes

Además el Frente de Trabjadores agrícola anunció reinicio del paro el próximo 7 de junio, al coninuar los abusos de las empresas del sector.

A 5 meses del asesinato de un adolescente de 16 años y de Reynaldo Reyes Ulloa durante el Paro Agrario en Chao, Virú, sus familiares y compañeros siguen sin encontrar justicia. El presunto victimario, el suboficial PNP Víctor Bueno Alva continúa libre y sin sanción por parte del Ministerio del Interior, a pesar de existir evidencia fotográfica de los disparos que propinó a los manifestantes y la pericia del Ministerio Público que identificó que la bala que asesinó a Reyes fue disparada por el arma de Bueno Alva. A pesar de esta evidencia, se rechazó el pedido de presión preventiva para el policía.

Por esta razón los trabajadores, junto con los parientes de las víctimas, tuvieron una reunión para tomar medidas y decidieron enviar este lunes 31 de mayo una misiva al presidente Francisco Sagasti, Presidencia del Consejo de Ministro (PCM), ministerios del Interior y Justicia, así como el Poder Judicial con el fin de que el proceso continúe con transparencia y eficacia. Así lo dio a conocer el presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de San José en Virú, Felipe Arteaga, quien sostuvo al diario La República que se le dará un plazo de tres días para que responda este documento con acciones concretas, puesto que aún no hay justicia para las familias del menor de edad y Reyes Ulloa. De lo contrario, podrían tomarse medidas legales y producirse nuevas manifestaciones.

Un descontento similar se puede encontrar entre los trabajadores del sector en Ica. En esta región, el Frente de Trabajadores Agrícolas (FRENTAGRI) anunció un nuevo Paro Agrario a realizarse desde el próximo 7 de junio. Indicaron que existe una falta de consenso entre los trabajadores y el gobierno, y que a pesar de la nueva Ley en el sector, continúan los abusos empresariales mediante despidos arbitrarios, sueldos bajos y la explotación mediante las services. Julio Carbajal, presidente del sindicato exigió al gobierno la formalización de las empresas agroexportadoras, así como la creación de un este de fiscalización especial para el sector. Según la misma SUNAFIL el número de denuncias durante este año se habría cuadruplicado.

Fuente: La República, Diario Correo.