Congreso de la República aprobó nueva ley del Teletrabajo

Bajo la nueva normativa, los empleadores deberán compensar los equipos de trabajo y el servicio de acceso a Internet

Con 98 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó la ley del teletrabajo en las entidades de la administración pública y en las instituciones y empresas privadas, así como promover políticas públicas para garantizar su implementación progresiva. La norma señala que el teletrabajador puede prestar sus labores bajo las siguientes modalidades: de forma temporal o permanente; de manera total o parcial; dentro del territorio nacional o fuera de este o; en el lugar donde acuerden las partes, siempre que se cuente con las condiciones digitales y de comunicaciones necesarias.

Uno de los aspectos claves de la norma, es que en las instituciones y empresas del sector privado, los equipos tecnológicos y el servicio de acceso a Internet deberán ser proporcionados por el empleador. Para ello, el teletrabajador será responsable del correcto uso y conservación, para lo cual evita que los bienes sean utilizados por personas ajenas a la relación laboral. No obstante, si se acuerda que el teletrabajador aporte sus propios equipos de trabajo y el servicio de acceso a Internet, estos deberán ser compensados por el empleador.

Sin embargo, si pertenece a una entidad pública, el empleador no abonará el costo de los equipos ni los gastos que generen su uso. Esta diferenciación ha sido muy criticada por los expertos consultados. Javier Mujica, especialista en derechos humanos del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos de Perú Equidad, señala que la medida debería ser para todo tipo de trabajador; de lo contrario, resultaría discriminador.

“Esto quiere decir que dos trabajadores haciendo la misma labor verán sacrificada su economía por el hecho de que su empleador sea público o privado”, acotó el también laboralista.

En ello también coincide Brian Ávalos, Asociado principal del Estudio Payet, Rey, Cauvi y Pérez. “Se ve una diferencia discriminatoria y que tiene sustento de que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, pero es totalmente discriminatoria. ¿Por qué la entidad privada sí tiene que gastar y no la entidad estatal?”, se cuestiona el especialista.

Fuente: La República

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