Terminada la segunda vuelta advertíamos que los resultados electorales colocarían al modelo económico imperante en nuestro país al centro del debate político. Un modelo que se sustenta en la promoción de la inversión privada sobre los derechos a la salud, la vida, y el trabajo de los peruanos y peruanas. Frente a este escenario, es esperable que los actores económicos que se benefician del estado actual de las cosas buscaran la forma de intervenir en el debate público para inclinarlo hacia sus intereses.
Una revisión de los principales portales de los gremios empresariales de nuestro país nos indica que los a diferencia de otras oportunidades no han hecho pronunciamientos públicos. No se encuentran pronunciamientos ni entrevistas de sus voceros, o comunicados dando cuenta de su análisis del escenario político. Tan solo la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, más conocida como AGAP, ha emitido un comunicado exhortando a ambos candidatos y a los congresistas electos a tomar en cuenta su posición.
Sin duda, se trata de un sospechoso silencio frente a una elección de la magnitud de la que enfrentamos. Sin embargo podemos notar que existen fuertes indicios no solo que los principales representantes del empresariado tiene clara su posición en esta segunda vuelta, sino que además están haciendo uso de sus recursos económicos para proteger, una vez más, sus intereses. Quizás la evidencia más fuerte de esta intervención son la aparición en todo el país de los llamados paneles "anticomunistas" con mensajes contra el candidato, aunque no lo mencionan, que cuestiona el modelo vigente. La ley vigente prohíbe los aportes indirectos por parte de empresas a las campañas electorales, y el financiamiento ilegal y anónimo es delito desde el 2019. Luego de varios días de intriga e indagaciones de algunos medios de prensa, la empresa Punto Visual asumió la autoría de los paneles, pero alegó que los mensajes en cuestión no pueden ser considerados "publicidad electoral" a favor o en contra de ninguno de los candidatos.
No ha sido esta la única intervención detectada. Hace una semana reportamos la denuncia de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil de actos de proselitismo al interior de obras de construcción civil, en los que los empleadores coaccionaban a sus trabajadores a votar por Keiko Fujimori. Por otra parte, en los últimos días se ha evidenciado en las redes la aparición de diarios de repartición gratuita en la estaciones del metro de la capital, con portadas y mensajes contra el candidato Pedro Castillo que recordaban a los "diarios chicha" que se publicaban durante la dictadura de los años 90. Por último, el día de ayer se denunció en las redes sociales la aparición de una revista contra el candidato Castilla en Lima Este, que venía acompañada con diversos productos de Alicorp, empresa perteneciente al grupo Romero, y auspicios de Nicolini.
Tampoco podemos ignorar las presiones y despidos que se han venido produciendo en las últimas semanas para que periodistas de diversos medios de comunicación apoyen a la candidata favorita de sus dueños. El caso más sonado ha sido el despido de la directora periodística de Canal 4 y Canal N, Clara Elvira Ospina. Sobre el particular el director de La República y miembro del directorio de ambos canales, Gustavo Mohme Seminario, denunció que el despido se produjo de forma irregular y luego de haber tenido una reunión con la candidata Fujimori para informarle que su medio no tomarían partido por ninguno de los candidatos. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) ha denunciado luego diversos casos de cancelaciones de programas periodísticos, como El Noticiario Áncash, conducido por Humberto Espinoza Maguiña e Ydelfonzo Espinoza Cano por tener contenido crítico al fujimorismo; y el caso de Abel Robles Véliz, presentador del programa STV Noticias de Satipo, Junín.
Así de forma poco transparente, a espaldas de la ciudadanía, y muy probablemente de forma ilegal; vemos como los empresarios están haciendo uso de su poder económico para salvaguardar su "derecho" a continuar explotando a los trabajadores y trabajadoras. El respeto y la defensa de la democracia no se trata solo de "discursos para las cámaras" sino de una práctica que nuestros empresarios demuestran una y otra vez que la desconocen.