Una mordaza legal. Así calificó Mongobay Latam la estrategia de criminalización que se está aplicando en 4 países de la región latinoamericana que tiene por objetivo desmovilizar a los defensores ambientales, provocándoles miedo, agotándolos, estigmatizándolos, o causándoles graves problemas financieros y sociales. La investigación encontró que son 156 los defensores ambientales que actualmente cuentan con procesos judiciales abiertos, de los cuales 77 son de nuestro país. Esta situación ha hecho que América Latina sea considerada una de las regiones más peligrosas para los defensores ambientales. A pesar de los esfuerzos se cree que existe un subregistro importante.
Los sectores en donde se registraron un mayor número de casos de criminalización fueron la minería (58 casos) y la agroindustria (34 casos). En la mayoría de los casos, los defensores son acusados por los delitos de obstrucción de las vías públicas, disturbios, daño agravado o sabotaje. Para los acusados, la vida no vuelve a ser la misma. El informe recoge el caso de Virginia Pinares, dirigente de Cotabambas quien encabezó una protesta contra la mina Las Bambas. Durante los últimos 6 años ella continúa en medio de un proceso que la obliga a acudir mensualmente al juzgado a firmar un documento como parte de las reglas de conducta a las que está sometida. Así como ella otros 20 dirigentes están procesados, por lo que hoy nadie está dispuesto a asumir dicho cargo por temor a futuras represalias, indicó David Velazco de FEDEPAZ.
Según Mongobay, de los casos analizados el Perú es uno bastante particular, ya que tiene 77 dirigentes procesados, 44 de ellas en relación con conflictos mineros. Adicionalmente a los 21 denunciados por Las Bambas también se registran 11 personas acusadas de extorsión, disturbios y violencia; por manifestarse en contra del proyecto Conga, en Cajamarca. También se identificó el caso de 10 indígenas awajún quienes fueron demandados por personas ligadas a la minería ilegal en el Cenepa. Perú también destaca por los casos relacionados a la agroindustria, muchas veces relacionados a empresas productoras de palma aceitera.
Lo más preocupante de todo esto es la participación del Estado. Carlos Rivera de ILD indicó que se trata de una relación consolidada entre los intereses particulares de los grupos económicos y los representantes del estado que surge del modelo económico.
Leer informe completo: Mongobay Latam.