El pasado primero de mayo se conmemoró como todos los años el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. En este día se recuerda a los Mártires de Chicago, quienes en 1886 organizaron una huelga exigiendo a sus empleadores el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas. Muchos de ellos fueron luego enjuiciados y condenados de muerte, en juicios que la historia ha calificado como ilegítimos y malintencionados. En la gran mayoría de países se ha escogido esta fecha en homenaje a estos mártires y la importancia de su lucha por el reconocimiento de sus derechos laborales. Más de 100 años después, la práctica de criminalizar y enjuiciar a quienes se organizan para exigir el respeto de sus derechos más básicos sigo vigente.
Si bien la situación en nuestro país ya era crítica, tras la pandemia miles de trabajadores y trabajadoras han visto sus situación económica y su supervivencia en riesgo. La pandemia del COVID-19 ha golpeado fuerte a la economía de nuestro país, pero gracias a los intereses empresariales y la incapacidad o desidia del Estado, han sido los trabajadores y trabajadoras los más afectados. Según la información del INEI, solo en Lima Metropolitana se han perdido más de 700 mil puestos de trabajo en el primer semestre de este año. Especialmente entre quienes tenían un empleo adecuado, con el reconocimiento de todos sus derechos laborales. Así mismo, el mecanismo de la suspensión perfecta de labores, que alivia la presión económica sobre las empresas al permitirles dejar de pagar a sus empleados, ha terminado recortando los ingresos de más de 300 mil trabajadores.
Este modelo económico que privilegia los intereses empresariales, aún sobre los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras, es causante de iniquidad y desigualdad. Eso se ha visto reflejado en la reciente encuesta publicada por Ipsos Perú, en el que solio 11% de la población indica que preferiría que el próximo gobierno mantenga el actual modelo económico tal como está, sin efectuar ningún tipo de cambios, sean moderados o radicales.
Esperamos que como parte del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos y Empresas se puedan generar soluciones y políticas que enfrenten estos problemas desde la raíz. El próximo gobierno tendrá una tarea muy difícil por delante, al tratar de generar las condiciones para una reactivación económica del país que sea justa para todos y todas, especialmente aquellos más vulnerables.