La Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) emitió un comunicado en donde denuncian que narcotraficantes están amenazando la vida de varios miembros de la comunidad nativa Sinchi Roca, en represalia por su oponerse a la ocupación de sus territorios para la plantación de cultivos ilícitos. En total, serían 4 los defensores indígenas cuyas vida estaría en peligro.
Los narcotraficantes han realizado ya varios atentados que han cobrado la vida o herido a varias personas. El más recientes fue el pasado viernes 23 de abril, en el que incendiaron la vivienda de un agente municipal llamado Elmer Gonzales. Felizmente dicho atentado no provocó heridos ni muertos. La misma suerte no corrió Fredy Yaycate Pinedo, quien fue liberado con evidentes signos de haber sido torturado por varios días. La organización indígena también denuncia la desaparición por más de una semana de Atilio Alegría Bonzano, de la comunidad de Puerto Nuevo II. El pronunciamiento también indica que en la comunidad de Sinchi Roca, Roki Vera Esteban se encontraría bajo amenazas de estos grupos. Tenemos que recordar además, que en esta zona fue asesinado Herasmo García Grau, cuyo cuerpo se encontró el pasado febrero con varios impactos de bala.
Por estas razones exigen al Ministerio del Interior (MININTER) la ejecución de un plan de seguridad de emergencia para resguardar la vida de sus defensores. Como parte de las medidas proponen declarar en emergencia la región Ucayali así como la provincia de Puerto Inca en la región de Huánuco. Según sostiene ORAU, se necesita que el estado recupere presencia en la región y pueda controlar los circuitos de comercialización de cultivos integrales. También exigen identificar y capturar a los asesinos, secuestradores y torturadores de los pueblos indígenas. Por último, saludan que se haya creado el Mecanismo Multisectorial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, aunque consideran que hasta el momento se trata sólo un pequeño logro que tiene que ponerse en marcha.
Por otra parte, ORAU recuerda la responsabilidad histórica del Estado respecto a la seguridad territorial. Según la organización indígena, parte del problema es que el Estado peruano aún no concluye con el proceso de titulación y georeferenciación de los territorios indígenas, los que los pone en riesgo de ocupaciones de sus territorios por colonos invasores así como los intereses de los narcotraficantes.