Se inicia una nueva etapa en la elaboración del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos

La crisis económica y social que ha desatado la pandemia del coronavirus en nuestro país ha terminado por evidenciar la precariedad de la protección de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, poniendo en debate, como reflexionábamos la semana pasada, la continuidad misma del modelo económico sobre el que se sustenta el llamado "milagro" peruano. Un modelo que se sustenta sobre los continuos abusos y explotación de los asalariados y la desprotección de las víctimas directas e indirectas de las actividades económicas, en particular, las extractivas; como son las comunidades originarias y pueblos indígenas. Ante esto es necesario cambiar la relación entre el Estado, las empresas y la sociedad civil, y una oportunidad para ello es mediante la elaboración del Plan Nacional de Acción (PNA) de Empresas y Derechos Humanos, que tiene por objetivo que se garanticen las condiciones mínimas de respeto de los derechos humanos por parte de las empresas de acuerdo al respeto del estándar internacional.

La crisis económica y social que ha desatado la pandemia del coronavirus en nuestro país ha terminado por evidenciar la precariedad de la protección de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, poniendo en debate, como reflexionábamos la semana pasada, la continuidad misma del modelo económico sobre el que se sustenta el llamado "milagro" peruano. Un modelo que se sustenta sobre los continuos abusos y explotación de los asalariados y la desprotección de las víctimas directas e indirectas de las actividades económicas, en particular, las extractivas; como son las comunidades originarias y pueblos indígenas. Ante esto es necesario cambiar la relación entre el Estado, las empresas y la sociedad civil, y una oportunidad para ello es mediante la elaboración del Plan Nacional de Acción (PNA) de Empresas y Derechos Humanos, que tiene por objetivo que se garanticen las condiciones mínimas de respeto de los derechos humanos por parte de las empresas de acuerdo al respeto del estándar internacional.

Se trata de un trabajo largo de varios años, enmarcado en el proceso internacional de las Naciones Unidades, luego de que esta adoptara los 31 principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Los PNA han resultado ser una herramienta interesante para garantizar su implementación y a nivel internacional cerca ya de 20 países lo han implementado, entre ellos Chile y Colombia en nuestra región. En nuestro país este trabajo empezó con la misión de la ONU del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos que llegó el 2017, cuyo informe daba cuenta que la relación entre los DDHH y las empresas no había sido trabajada lo suficiente. Luego de eso se aprobó en el Tercer Plan Nacional de DDHH (2018-2021) el lineamiento número 5 que busca garantizar que las empresas respeten los derechos humanos en su ámbito de acción. Ese mismo año, se establecieron los mecanismos para orientar la elaboración del PNA en nuestro país.

El proceso de elaboración del PNA ha contado con participación de la sociedad civil mediante la llamada Mesa Multiactor en la que han participado diversas organizaciones como la Plataforma de la Sociedad Civil de Empresas y Derechos Humanos, organizaciones de pueblos indígenas y la Coordinadora Nacional de Centrales Sindicales. Este proceso tuvo una breve interrupción producto de la pandemia, pero fue retomado de forma virtual durante el segundo semestre del 2020. Desde la Plataforma se ha remitido documentos de diagnóstico para que sean tomados por el Ministerio de Justicia sobre diversos temas como la libertad sindical, la negociación colectiva, el trabajo infantil, los estudios de impacto ambiental, etc.

En este momento nos encontramos iniciando una nueva etapa. En los próximos días se espera que se inicie la discusión del primer borrador de este documento. Como en la primera etapa las centrales sindicales,las organizaciones de pueblos indígenas, así como las instituciones de la sociedad civil vienen reuniéndose para poder proponer los objetivos y acciones estratégicas del plan que realmente beneficien a las víctimas y afectados de las actividades empresariales de forma que las organizaciones de la sociedad civil puedan alcanzar sus observaciones y comentarios sobre el mismo. Esperamos que los mismos sean recogidos y que el PNA sea finalmente aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros y promulgado por el Presidente de la República. Estamos seguros de que volverá un instrumento de mucha utilidad en la lucha por los derechos de todos y todas.

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