El gobierno central sigue privilegiando los intereses económicos sobre la protección de los derechos ambientales y territoriales. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) publicó el pasado 16 de abril una resolución ministerial que abre la puerta a que las empresas puedan realizar perforaciones en las áreas naturales protegidas (ANP), incluyendo las que han sido declaradas como intangibles. También podrían ponerse en riesgo ANP colindantes o superpuestas con lotes de hidrocarburos.
La norma también es cuestionada por eliminar sin motivo aparente el capitulo ambiental con el que contaba la norma anterior. Esta decisión aumenta la vulnerabilidad de la población frente a los impactos de los proyectos extractivos, que se ha agravado durante la pandemia. También se cuestiona el nuevo concepto establecido de "remediación superficial" que no garantiza la remediación real de los impactos. Este mecanismo se aplicaría cuando la empresa contratista indique a Perupetro razones "técnico-económicas debidamente justificadas". Esto es grave ya que puede terminar facilitando interpretaciones sobre las obligaciones y responsabilidades ambientales y llevando a la industria a guiarse por sus propios estándares y prácticas, que suelen considerarse débiles en la protección ambiental.