El 11 de abril casi 24 millones de peruanos fueron convocados para eligir al próximo presidente o presidenta, y los miembros del Congreso de la República que nos gobernarán por los próximos 5 años. Los resultados hasta el momento dan como ganador de la primera vuelta José Pedro Castillo Terrones, representante de Perú Libre, con poco más de 2,6 millones de votos o el 19% de los votos válidos. Lo acompañaría en la segunda vuelta Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de Fuerza Popular, que obtuvo 1,8 millones de votos o 13,3%.
Los resultados para el Congreso de la República dan cuenta de un parlamento fragmentado, en el que hasta 10 organizaciones políticas obtendrían algún nivel de representación. El número exacto de escaños está pendiente de determinar por las autoridades electorales, pero se avisora un lustro en el que la gobernabilidad será muy complicada para cualquiera de las fuerzas políticas que resulte ganadora en la segunda vuelta. Los candidatos que han pasado a la segunda vuelta se encuentran en extremos opuestos del eje económico, lo que definitivamente colocará al mismo en el centro del debate político. Según el plan de gobierno de Fuerza Popular, el modelo establecido por la Constitución de 1993 ha sido el generador del desarrollo de país en los últimos 30 años. Para Perú Libre, por el contrario, esta constitución ha resultado incapaz para cubrir las necesidades de la gran mayoría del país.
Este no es un debate menor. El modelo económico actual tiene su columna vertebral en la promoción de la inversión privada sobre cualquier otra consideración. No tenemos que remontarnos muchos años atrás para encontrar serios escándalos de corrupción como los financiamientos ilegales de campañas electorales por parte de la empresa Odebrech y sus socios nacionales, como Graña y Montero, del club de la construcción; o los continuos abusos a los derechos laborales que incluso han llegado a costar la vida a los trabajadores, o la promoción de regímenes laborales especiales que precarizan el acceso al trabajo y otorgan beneficios tributarios a los empresarios, como en el caso del sector agroexportador. Tampoco podemos olvidar el penoso papel del sector privado durante la pandemia, en el las clínicas se han aprovechado de la desesperación de las personas, y les han cargado sumas exorbitantes por las camas UCI y los cuidados que requieren para que sobrevivan sus familiares.
Como resulta evidente para cualquiera que analice los resultados electorales, continuar con el modelo económico no es una alternativa para millones de peruanos y peruanas. Estos resultados quizás puedan sorprender a muchos de los analistas y voceros de los medios de comunicación, a pesar de que reflejan una realidad que se hace evidente en los resultados electorales cada 5 años: Quienes no han recibido ninguno de los beneficios económicos y que han visto una y otra vez aplastados sus derechos en nombre del "modelo económico"; eligen a un candidato que se declara en oposición al mismo, y que plantea la necesidad de un fortalecimiento del Estado para darle mayores herramientas de regulación al sector privado.
Donde si parecen coincidir ambos candidatos es en su posición en materia de los derechos humanos y sociales de las minorías. Ambos candidatos se han manifestado en contra de aprobar el matrimonio igualitario, la legalización del aborto, la protección de los miembros de la comunidad LGTBI, el retiro del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos, etc. No queda duda que quién sea que salga elegido, las organizaciones sociales y de la sociedad civil deberán redoblar esfuerzos para mantener y defender los avances en derechos ganados en los últimos años.