500 personas en la ciudad de Iquitos exigen a las autoridades recuperar los restos de sus familiares para darles un entierro digno. El año pasado, 403 fallecidos por COVID-19 fueron enterrados en un descampado en las afueras de la ciudad. Los entierros eran de conocimiento y aprobación de las autoridades, pero nunca informaron a los familiares, que creían que los restos de sus seres queridos se encontraban en el cementerio de San Juan. En ese momento, dicho cementerio era inaccesible, dada las restricciones por las cuarentenas
Los primeros indicios fueron revelados por el diario La Región el 1 de junio del 2020 con un titular que decía "Muertos sin nombre y sin tumba propia". En el artículo se citaba a un residente anónimo que informaba de que más de 300 cadáveres se encontraban en una fosa común cerca del cementerio de San Juan. Al día siguiente, hasta 500 personas fueron al descampado para protestar y exigir por sus familiares.
Según una investigación de Ojo Público, habría sido la Dirección de Salud Ambiental de Loreto la que autorizó el traslado y los entierros de los cuerpos. La municipalidad distrital de San Juan ofreció el terreno para la ampliación del cementerio, aunque no se conoce la norma que permitió los entierros. Asimismo, se confirmó que no se cumplieron los protocolos, pues no existe un registro e identificación adecuada de los fallecidos y el lugar exacto donde se encuentran.
Las autoridades de la región han rechazado entrevistas y declaraciones públicas. La fiscalía ambiental de Iquitos estaría dando seguimiento del caso.
Fuente: AP, Ojo Público