El pasado 9 de marzo, los 22 gremios empresariales que integran la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), eligieron a su nuevo comité ejecutivo. Óscar Caipo Ricci asumirá la presidencia del gremio. Junto a el Cayatena Aljovín asume el cargo de primera vicepresidenta, y Ana María Choquehuanca la segunda vicepresidenta.
La nueva dirección no implica ningún cambio de rumbo en la gestión de la CONFIEP. El nuevo presidente inició su mandato reconociendo la labor de Maria Isabel León, la anterior presidenta, a quien recordamos por pedir al congreso no ratificar el Acuerdo de Escazú, flexibilizar las contrataciones y tener una posición ambivalente con el golpe de estado de Merino.
Caipo es socio principal de KPMG en Perú desde el 2008, vicepresidente de COMEXPERU y miembro del concejo directivo de CONFIEP. También ha sido miembro del directorio de Perú 2021 y fue presidente del Consejo Directivo de CARE Perú. Cayetana Aljovín es abogada y fue ministra del MIDIS, MINEM y RREE. Su paso por el estado ha sido cuestionado en múltiples ocasiones, habiéndosele considerado representante de los intereses empresariales dentro del aparato público. Mientras tanto, la economista Ana María Choquehuanca es presidenta del consejo directivo de la Asociación Nacional de Gremios de Pequeña Empresa y fue presidenta de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) Arequipa.
En sus primeras declaraciones, Caipo aseguró que su prioridad va a ser la "colaboración en la lucha contra la pandemia del COVID-19". Desde la plataforma de la sociedad civil sobre empresas y derechos humanos nos preguntamos si esa "colaboración" significa que la CONFIEP continuará promoviendo políticas como la suspensión perfecta de labores, que ha dejado a de miles de trabajadores sin ingresos durante toda la pandemia; o su oposición a las cuarentenas estrictas, necesarias para controlar los contagios y darle un respiro al sistema de salud; o la promoción de una reactivación económica con base a la flexibilización de los derechos ambientales y sociales de todos los peruanos.
El nuevo consejo directivo de la CONFIEP es simplemente la nueva cara del continuismo de la imposición de los intereses empresariales sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quienes siguen siendo el lado más débil de la cadena y sobre quienes se carga una y otra vez los costos de las crisis que enfrentamos como país. ¿Por cuanto tiempo más dejaremos que derechos a la salud, el trabajo y la vida estén por debajo de la ganancia y utilidades de los más ricos en este país?