Desde el inicio de la pandemia se cuentan más de 10 muertes violentas de lideres indígenas y defensores ambientales en nuestro país. A esta trágica cifra se han sumado los asesinatos de Herasmo García, de la comunidad de Sinchi Roca; Yenes Ríos, de las comunidades de Puerto Nuevo, y Estela Casanto Mauricio en el valle del Perene.
La presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vazquez, solicitó la intervención del Ministro del Interior en la protección a los miembros de la comunidad nativa de Shankivironi, de donde era originaria Estela Casanto. Así mismo, el MINAM y la Defensoría condenaron el asesinato de Herasmo García. Según la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), García habría sido secuestrado y asesinado por traficantes ligados al narcotráfico.
Según el Instituto del Bien Común, estos actos de violencia están relacionados con el modelo extractivista que domina nuestro país, junto con la minería y tala ilegales, y el narcotráfico. La falta de seguridad jurídica de las tierras indigenas aumenta la vulnerabilidad de las comunidades cercanas a los proyectos extractivos. La violencia de este modelo, ha llevado incluso a comunidaes indígenas a abandonar sus tierras. Como es el caso de la comunidad nativa Austria del Siria, de la provincia de Puerto Inca en Huánuco, quienes dejaron sus hogares tras las continuas amenazas de muerte de traficantes de tierras.
Fuente: Vigilante Amazónico, IBC, CAAAP