El 2020 cerró dejando al país en una de las mayores crisis sanitarias en su historia. Más de 50 mil fallecidos, solo contando las cifras oficiales, y más de 1,5 millones de personas perdieron sus empleos como consecuencias de las restricciones sanitarias tomadas para prevenir los contagios. En medio de ese contexto, se produjeron un conjunto de vulneraciones a los derechos humanos – que incluyen tanto los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales – en relación a las prácticas de las empresas y las políticas gubernamentales orientadas a reactivar la economía.
La Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos publicó el reporte semanal «Derechos en Emergencia» durante los medes de mayo y diciembre. El objetivo de este reporte ha sido sistematizar las principales vulneraciones a los derechos humanos durante este contexto. Se lograron reunir hasta 256 noticias, las que no llegan a reflejar el total de vulneraciones ocurridas en la realidad, sino solo las que han podido ser conocidas a través de los medios de comunicación. Aún así, nos permiten obtener pistas para identificar cuales han sido las principales malas prácticas empresariaes que afectan los derechos de las personas.
Una sistematización de nuestros reportes del año pasado indica que entre las principales derechos vulnerados estan los laborales, seguidos de otros derechos fundamentales (como la educación o el desplazamiento), los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y el derecho a la salud. Con respecto a los derechos laborales, casi de la mitad de lo reportado estuvo relacionado a incumplimientos sobre las normas de seguridad y salud en el trabajo, en particular a las medidas sanitarias para prevenir los contagios por el COVID-19.
En lo referido a los derechos colectivos de los pueblos indígenas encontramos afectaciones derechos a la salud, principalmente por la exposición al contagio producto de la continuación de actividades extractivas en sus territorios. Es importante mecionar que hasta 12% de las noticias reportadas estuvieron vinculados a atentados contra los defensores ambientales.
En relación a la salud, las principales afectaciones han sido resultado del incumplimiento de la normatividad vigente y la falta de acceso a la salud, en especial por los precios exorbitantes de muchas empresas privadas frente a la atención, medicinas o acceso al oxígeno.
Todo esto ha hecho evidente la falta de salvaguardas de los derechos humanos frente a las políticas de estímulo económico, sumado con la resistencia de varios sectores empresariales para cumplor con las medidas de emergencia sanitaria. La debilidad del estado para proteger a sus ciudadanos se ha hecho nuevamente evidente.