El paro de trabajadores agrarios en Ica forma parte de la ola de una nueva generación de ciudadanos movilizados y decididos a hacer respetar los derechos humanos. Así como hace casi tres semanas los jóvenes salieron a las calles en todo en país para exigir democracia, hoy son los jóvenes trabajadores de la agroindustria quienes han salido a exigir derechos laborales y condiciones dignas de trabajo.
La vulneración de los derechos laborales en el sector agroexportador en constante. La Ley de Promoción Agraria, dictada cuando era ministro de agricultura del fujimorismo el empresario del sector José Chlimper y prorrogada una y otra vez por sucesivos gobiernos, recorta los derechos del régimen general para permitir un ahorro a las empresas en lo referido a costos laborales. El régimen estableció, en comparación al régimen general, la mitad de las vacaciones, la mitad de la CTS, la mitad de la gratificación, la tercera parte de la indemnización por despido arbitrario, entre otras desventajas. La modificación realizada el año pasado con el D.U. 043-2019, que prorrogó el régimen hasta el 2031, equiparó algunos de estos beneficios a los del régimen general, pero subsumidos dentro del salario, lo que implica un menor pago total en el año y un ahorro millonario para el sector empresarial.
A esto se suma el uso abusivo de la contratación temporal: casi el 70% de los trabajadores están vinculados por contratos temporales, lo que dificulta la formación de sindicatos y la negociación colectiva. Obviamente, donde no hay sindicatos prevalece la asimetría y se refuerza el poder del sector empresarial para imponer las condiciones laborales y salariales.
Además, las empresas agroindustriales recurren al empleo intensivo de “services”, usando un sistema propio del siglo XIX: el enganche. Estos services, muchos de ellos informales, “enganchan” a los trabajadores y los ponen a disposición de un fundo, que paga un monto al intermediario, el cual a su vez paga una cantidad menor al trabajadores y se queda con la diferencia. De esta manera, las empresas agroexportadoras logran evadir responsabilidades laborales, por ejemplo, en casos de accidentes o enfermedades.
Cabe recordar que, durante la emergencia sanitaria, la agroindustria no detuvo sus actividades, y por el contrario obligó a los trabajadores a continuar laborando pese a la cuarentena, lo que parece haberse traducido en la incidencia de contagios en zonas donde existe importante presencia de estas empresas.
Ante esta situación, se requiere una solución integral que permita garantizar los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras del sector. Un primer paso es la derogatoria del régimen especial, que es en sí mismo discriminatorio. Pero además, se requiere avanzar hacia una Ley General del Trabajo que garantice los estándares internacionales para todos. Además, es indispensable fortalecer a la SUNAFIL y dotarla de recursos adecuados para el trabajo de fiscalización laboral en campo.
Basta ya de regímenes laborales del siglo antepasado, que vulneran los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras.