El 3 de noviembre, un día después de que se conociera la multa de S/129 millones impuesta por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a Tamshi SAC, la Corte de Justicia de Lima Este declaró improcedente el pedido de la empresa para suspender el proceso sancionador, iniciado hace tres años en el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).
La compañía, investigada por deforestación en Loreto, anunció, en un primer comunicado publicado en medios impresos, que iba a apelar la resolución del OEFA que ordenó, entre otras medidas correctivas, detener sus operaciones de forma inmediata y definitiva, por no contar con autorización ambiental para realizar sus actividades en la localidad de Tamshiyacu.
En otro pronunciamiento, la compañía informó que habían iniciado una etapa de «trato directo» previo a una demanda al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por «haber adoptado medidas administrativas que violan el Tratado de Libre Comercio (TLC) y que han ocasionado pérdidas millonarias y daños importantes a la compañía».
OjoPúblico conoció que la empresa presentó su apelación y, ahora, la decisión quedará en manos del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, última instancia administrativa donde se determinará en las próximas semanas si se confirma o no la sanción de S/ 129 millones contra Tamshi SAC.
Antes de apelar la multa, y en medio de la crisis política del país, el apoderado de la compañía, Alonso Rey Bustamante, envió una carta al entonces presidente Manuel Merino de Lama para que «tomen atención al caso» e incluyó, entre los anexos, la resolución de sanción del OEFA.
La comunicación, que tuvo como asunto «Atentado contra Tamshi SAC empresa de cacao de fino aroma en Loreto», también fue derivada a seis comisiones del Congreso, a la Presidencia del Consejo de Ministros -entonces con Antero Flores Aráoz a la cabeza- y a la presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel León.
Mientras esto ocurre, el Minagri impulsa un proyecto que pretende modificar el reglamento de gestión ambiental y que, de ser publicado, permitirá a empresas investigadas por deforestación, como Tamshi SAC, tener dos años para adecuar sus certificaciones ambientales sin detener sus actividades comerciales. En este contexto, la gestión de Federico Tenorio, nuevo ministro del sector agrario, deberá evaluar el tema.
Tomado de Ojo Público