PRONUNCIAMIENTO: EL GOBIERNO DEBE ATENDER LAS DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES DEL BICENTENARIO

Las organizaciones que conformamos la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, ante la paralización de más de 80 mil trabajadores y trabajadoras del sector de la agroindustria y agroexportación de la región Ica, nos dirigimos a la opinión pública y al actual gobierno para expresar lo siguiente:

La protesta juega un papel central en la defensa de la democracia y los derechos humanos, y su materialización involucra el ejercicio legítimo y constitucionalmente protegido de los derechos a la libertad de asociación, de reunión pacífica y expresión pública de opiniones, disensos, y/o la demanda del cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El derecho a la protesta no debe ser estigmatizado sino defendido.

Las protestas de Ica, que en cualquier momento pueden extenderse a otras partes del país en las que se viven las mismas condiciones sociales, las y los trabajadores vienen ejerciendo su derecho a la protesta para defender derechos humanos básicos: esencialmente la urgencia del empleo digno y con derechos que les ha sido negado por dos décadas.

En Ica, como en muchas otras regiones costeras del país, se viven situaciones de sistemático abuso laboral, amparadas por una legislación excepcional aprobada en las postrimerías del régimen fujimorista para beneficiar el interés de la gran agroindustria. Un sector que ha edificado su prosperidad con base a privilegios de los que carecen los demás productores del país: la imposición de menores derechos a sus trabajadores, el desfinanciamiento de la seguridad social e injustificadas exoneraciones tributarias que los demás ciudadanos y empresas no tienen y han significado que miles de millones de dólares hayan sido ilegítimamente sustraídos del erario público.

Salvo las muy contadas y destacables excepciones de empresas que han procurado ajustar su accionar a estándares de conducta empresarial responsable, en general, la agroindustria peruana se caracteriza por la casi inexistencia de sindicatos y negociaciones colectivas, el empleo abusivo de contratos temporales, una desnaturalización crítica de la tercerización laboral, el pago de salarios indignos y la imposición de extensas jornadas a los jornaleros. De hecho, durante la pandemia, la mayor parte de estas empresas continuó operando exponiendo a sus trabajadores, obligados por la necesidad, a continuar trabajando generando con ello masivos episodios de contagio por el COVID-19 que la prensa local y nacional silencio. Por si fuera poco, además, la actividad de estas empresas es generalizadamente identificada en Ica como fuente principal de la angustia hídrica que afecta la actividad de la mayoría de los pequeños agricultores. 

Llamamos a las y los trabajadores de Ica a canalizar sus demandas mediante el ejercicio pacífico de su legítimo derecho a la protesta social. Por su parte, el Congreso debe escuchar su demanda y derogar el Decreto de Urgencia 043-2019 que prorrogó hasta el año 2031 la Ley del régimen laboral agrario. Llamamos al gobierno del Sr. Sagasti a disponer la elevación del salario mínimo legal y los salarios base de la agroindustria; a disponer la inmediata reestructuración de SUNAFIL en Ica y acabar con la precariedad institucional y la falta de recursos e inspectores para garantizar la efectiva tutela de los derechos laborales en dicha región, así como establecer una Mesa de Diálogo local que defina una hoja de ruta que encare los condicionantes que limitan el acceso de los pequeños agricultores a los recursos hídricos que urgen y que permita, asimismo, el acceso de los pequeños y medianos agricultores a los recursos del FAE-AGRO.

LOS TRABAJADORES DEL BICENTENARIO NO ESTÁN SOLOS…!!!

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