La indignación nacional tras el golpe parlamentario del lunes pasado ha abierto paso a las movilizaciones más grandes, quizás, de la historia del país, con una participación protagónica de los jóvenes. Caído el gobierno de Merino, sin embargo, es notable que las movilizaciones no se han detenido. La Generación del Bicentenario, como ha sido bautizada, no quiere cambiar un presidente o rechazar una medida específica: está decidida a impulsar cambios más profundos.
En la agenda inmediata de las movilizaciones está la exigencia de justicia para los dos jóvenes asesinados por la represión estatal, así como para las decenas de personas heridas, y una reforma de la Policía que garantice el respeto a los derechos humanos. Además, la protesta exige una reforma política y anticorrupción que permita desterrar a los políticos corruptos. También se escucha cada vez más fuerte la demanda de poner en discusión la Constitución, y ya se han presentado hasta dos proyectos de Ley en el Congreso con el objetivo de realizar un referéndum sobre el tema.
Una pregunta relevante es ¿cómo se posiciona el sector empresarial ante estos vientos de cambio? Hay que recordar que el principal gremio empresarial, la CONFIEP, tuvo un papel ambivalente. En los días previos a la vacancia, la CONFIEP junto con otros gremios empresariales, como ADEX, SNI y la Cámara de Comercio de Lima, emitieron un comunicado demandando “serenidad y estabilidad”. El día de la vacancia, la CONFIEP se volvió a pronunciar, reconociendo implícitamente a las nuevas autoridades y pidiendo “tranquilidad”. A los dos días, se supo que la gerenta general del gremio, Patricia Teullet, asumiría un ministerio en el gabinete de Flores Aráoz.
La posición empresarial no fue unánime. Por ejemplo, IPAE Asociación Empresarial emitió un pronunciamiento desmarcándose de esa posición y cuestionando la vacancia. A los pocos días, conforme crecían las protestas, un grupo de CEOs de grandes empresas (entre ellas el Banco de Crédito y ALICORP, del poderoso Grupo Romero) lanzaron mensajes en sus cuentas personales de redes sociales plegándose a las manifestaciones ciudadanas usando el hashtag #DePie.
Ya ante la inminente caída del gobierno golpista, asediado por las protestas, cuestionado por la represión y sin reconocimiento internacional, la CONFIEP cambió su posicionamiento a último minuto. El domingo 15 por la mañana, este gremio empresarial difundió un comunicado pidiendo la renuncia de Merino, hecho que se produjo pocas horas después.
Es conocido que la dirección de CONFIEP es controlada por un sector empresarial con vínculos políticos con los sectores más autoritarios y conservadores. La actual presidenta de CONFIEP, María Isabel León, participó en la campaña de Fuerza Popular; el ex presidente de CONFIEP, Roque Benavides, ha sido durante años cercano al APRA -partido al que se inscribió oficialmente hace poco- y es asiduo firmante de los comunicados de la Coordinadora Republicana, colectivo de derecha ultraconservadora; y la gerenta de CONFIEP, Patricia Teullet, no sólo fue ministra del gobierno golpista sino que fue alta funcionaria del gobierno fujimorista.
Sería muy saludable que los empresarios que se desmarcaron de estas posiciones ultraconservadoras y antiderechos durante la semana pasada asumieran el reto de impulsar una representación empresarial distinta, acorde con los nuevos tiempos. Una representación empresarial que tenga un firme compromiso con la democracia y el cumplimiento pleno de los derechos humanos, y que no esté dispuesta a conspirar contra la democracia ni a participar en aventuras golpistas.