El golpe parlamentario ha llevado al Ejecutivo a una alianza de sectores antiderechos. La cabeza de la PCM, el señor Ántero Flores Aráoz, condensa toda la vieja política aristocrática que no es capaz de reconocer los avances en derechos humanos. Conocido por sus expresiones racistas; por su participación en el Gobierno del Baguazo; por cuestionar la ley sobre el feminicidio y apoyar al movimiento homofóbico “Con mis hijos no te metas”; por oponerse a la reforma universitaria y defender a las universidades-negocio que trafican con el derecho a la educación; por promover la campaña de mentiras contra el acuerdo medioambiental de Escazú; en fin, por oponerse a todos y cada uno de los avances en temas de derechos humanos.
Con este nombramiento queda clara la agenda detrás del golpe, que no tiene nada que ver con la mentada lucha anticorrupción (68 de los congresistas involucrados está investigados por la Fiscalía). Se trata de un golpe antiderechos, un golpe que busca una restauración conservadora imponiendo por la fuerza de los hechos una agenda que no fue apoyada por los votos (Flores Aráoz postuló a la presidencia el 2016, quedando en último lugar).
Ante todo este panorama, y en medio de esta crisis política profunda, queda en la incertidumbre el proceso del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, que debía aprobarse en los próximos meses con los aportes de los actores sociales y empresariales. ¿Qué pasará con este plan, que forma parte además de los compromisos internacionales del Perú en materia de derechos humanos? ¿Qué dirá la CONFIEP, que se ha apresurado en reconocer el nuevo gobierno del señor Manuel Merino?
Esperamos que el proceso de formulación y aprobación respete los plazos inicialmente establecidos y se garantice la incorporación de los aportes de las organizaciones sindicales, indígenas y de la sociedad civil, en el marco de un proceso de diálogo transparente.
Preocupa más aún que, ante las protestas y la indignación ciudadana que se ha expresado en todas las regiones del país, la Policía ha impuesto una represión indiscriminada, deteniendo a decenas de manifestantes e inclusive a los abogados de los organismos de derechos humanos, e infiltrándose con ropa de civil entre los manifestantes, todo esto sin responder ante una autoridad civil, toda vez que no ha habido ministros en funciones.
Frente a toda esta situación, nos sumamos al llamado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y las decenas de organizaciones que han emitido un pronunciamiento: “convocamos a las organizaciones sociales y gremiales, y a la ciudadanía en general, a mantenernos vigilantes y en movilización permanente a nivel nacional hasta el restablecimiento del orden democrático”.