Propuesta del Minagri permitirá que empresas investigadas por tala obtengan permisos ambientales

Foto: Andina

La Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del Ministerio de Agricultura ha elaborado una propuesta de modificación al Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agricultura y Riego, que de aprobarse permitiría a empresas investigadas por deforestación obtener certificados ambientales. OjoPúblico accedió al proyecto que plantea abrir un periodo de dos años para que empresas con operaciones en la Amazonía -algunas procesadas por tala ilegal- puedan adecuar sus certificaciones ambientales sin detener sus actividades comerciales.

Ese es el caso de las compañías Ocho Sur U SAC, Ocho Sur P SAC y Tamshi SAC (vinculadas y fundadas por el empresario Dennis Melka), a las que el Ministerio de Agricultura les ha negado la certificación ambiental y las tres son investigadas por deforestación en Loreto y Ucayali.

Entre las modificaciones en el Reglamento de Gestión Ambiental del Minagri, anunciado por esta cartera desde fines de agosto, se ha considerado la adecuación de dos años para dos grupos: el primero, titulares con operaciones previas al 15 de noviembre del 2012 por el Minagri y otro con los que hayan iniciado sus actividades posteriores al día mencionado.

En la propuesta revisada por este medio también se incluye que durante el período para adecuarse, las empresas “no incurren en incumplimiento de la obligación de contar con instrumento de gestión ambiental durante el plazo previsto en dicha disposición”. Es decir, las compañías no podrán ser sancionadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) mientras dure el proceso de adecuación.

Para el director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Jean Pierre Araujo, la eventual norma podría ser usada como parte de la defensa de empresas con procesos judiciales y administrativos en curso. Araujo también alertó que, de aprobarse esta medida, Tamshi SAC y otras empresas estarían en la capacidad de iniciar nuevos procedimientos para adecuar sus certificaciones ambientales.

“Es probable que muchos casos queden validados por esta norma. Así se tenga un día de vigencia va a ser válida. Te abre una luz de legitimación de actos ilícitos. Generar un artículo podría abrir un efecto dominó en una serie de situaciones”, indicó Araujo.

Tomado de Ojo Público

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