La reciente encuesta de Datum debería causar la mayor preocupación de las empresas e incentivarlas a mejorar su compromiso con el cumplimiento de los derechos de todas las personas. La encuesta muestra la mala imagen que proyectan las empresas privadas, especialmente las empresas grandes y aquellas de capital extranjero, que son vistas por la ciudadanía como vinculadas a malas prácticas en relación a los derechos laborales, los derechos de los consumidores, la corrupción, el pago de impuestos y el cuidado del medio ambiente.
Una primera cosa que llama la atención es la evaluación que hace la ciudadanía sobre el papel de las empresas privadas durante la pandemia. Un 56% de los encuestados señaló que las empresas “no han sido solidarias” durante la crisis por el COVID-19. Pese a las fotos de los empresarios donando algunos respiradores y otros artículos, la ciudadanía no olvida los incrementos abusivos en los precios de insumos básicos para enfrentar la crisis sanitaria, ni los despidos y “suspensiones” de trabajadores, o las condiciones riesgosas a las que algunas empresas sometieron a su personal en sectores como servicios, minería o agroindustria.
Por otro lado, más de la mitad de los encuestados creen que las grandes empresas y las empresas extranjeras “pagan coimas para obtener lo que necesitan”. Una mayoría de encuestados considera que estas empresas no se preocupan por el medio ambiente, que no cumplen con pagar todos los impuestos que les corresponden, y que no respetan todos los derechos de los trabajadores.
En el caso de las empresas extranjeras, un 60% considera que “solo viene a llevarse nuestros recursos”.
Por otro lado, se deja ver un cuestionamiento al rol desempeñado por las empresas privadas en sectores esenciales, como la salud, la educación, la banca, la previsión social, así como también la minería. Es así que más de un 60% de la población encuestada señaló que estos sectores no deberían estar en manos de las empresas privadas, sino del Estado.
Estos resultados debieran llamar a la reflexión al empresariado. La mala imagen que proyectan, ligada al abuso y a la falta de empatía y solidaridad, muestra el resultado de años de malas prácticas, las mismas que se evidenciaron aún más durante la pandemia. En ese sentido, consideramos que un involucramiento sincero en el Plan de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos sería un paso muy importate para mostrar voluntad de enmienda y un verdadero compromiso con el cumplimiento pleno de todos los derechos para todas las personas.