Esta semana se está realizando en Ginebra la sexta sesión del Grupo Intergubernamental de Trabajo sobre corporaciones transnacionales y otras empresas en relación a los derechos humanos (IGWG por sus siglas en inglés). El IGWG viene discutiendo desde el 2014 un Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos. En esta sesión, los Estados discutirán sobre el segundo borrador de este Tratado que debería establecer obligaciones concretas de las empresas transnacionales, más allá de los Principios Rectores de carácter voluntario que aprobara el Consejo de DDHH de la ONU el 2011.
Es un avance que los Estados reconozcan que las empresas deben responder a obligaciones en materia de derechos humanos, en especial las corporaciones transnacionales que tienen presencia en numerosos países y un poder real que incluso supera al de muchos Estados.
El texto en discusión reconoce la responsabilidad de las empresas de prevenir violaciones a los derechos humanos que pudieran ocurrir como resultado de sus actividades, consagrando el principio de “debida diligencia”. Además, reconoce que esta obligación va más allá de las relaciones estrictamente contractuales, e incluye las relaciones comerciales de las empresas en términos más amplios.
Sin embargo, preocupan algunos elementos que podrían terminar desvirtuando sus objetivos y diluyendo la fuerza de sus obligaciones. En primer lugar, la versión actual del texto ha diluido el enfoque transnacional, incluyendo de manera más general a diverso tipo de empresa. Ello, olvidando que el origen de la discusión era justamente el poder que tienen las corporaciones transnacionales a nivel global y su capacidad de causar impactos relevantes en los derechos humanos a lo largo de toda su cadena de suministros y operaciones.
Por otro lado, el borrador no incluye la posibilidad de crear una jurisdicción internacional, lo que debilita sus alcances. En ese sentido, es importante reafirmar la propuesta sostenida por las organizaciones miembros de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad, en el sentido de que se debe incorporar una Corte Internacional y reconocer una jurisdicción universal.
Otro aspecto que es abordado de manera muy general en el borrador es el de la captura corporativa, esto es, el poder e influencia que pueden lograr tener las empresas sobre las decisiones de los Estados mediante muy diversos mecanismos. Sobre este punto, es necesario precisar mejor, incluyendo mención a las “puertas giratorias” y otros mecanismos usuales de captura corporativa.
Es importante que, en el Perú, las organizaciones sociales, las personas afectadas en sus derechos por parte de empresas transnacionales, así como la sociedad civil en general, se involucren en este proceso y hagan presión para que se logre un Tratado vinculante que sea realmente útil y contribuya a garantizar los derechos de todas las personas. Desde Derechos En Emergencia seguiremos realizando el seguimiento a la discusión global en este tema.