La emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 ha causado un gran impacto en la implementación de políticas públicas orientadas a mejorar la atención de salud. En el Perú, por ejemplo, se produjo un importante retraso en la publicación del manual de participación ciudadana en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (Pnume), el documento técnico que determina cuáles son los fármacos requeridos para atender las necesidades de salud más urgentes de la población nacional.
Este mes, el Ministerio de Salud presentó el proyecto de manual que regula precisamente la participación de la sociedad civil, incluidos los pacientes. El objetivo del documento es establecer las disposiciones para que los ciudadanos e instituciones formen parte del debate sobre la inclusión y exclusión de medicamentos del Pnume. Sin embargo, algunos especialistas consideran importante que se transparenten también los conflictos de interés que podrían existir en algunas organizaciones financiadas o patrocinadas por los laboratorios farmacéuticos, que buscan incorporar a sus productos dentro de ese listado de medicamentos esenciales.
Camila Gianella Malca, psicóloga y experta en salud pública, explicó que, en años anteriores, las evaluaciones técnicas de los medicamentos considerados en el petitorio eran poco transparentes. Sin embargo, señaló que ahora, de no regularse la participación ciudadana, se corre el riesgo de distorsionar el objetivo principal del mecanismo, haciendo que la toma de decisiones esté orientada a favorecer a determinadas compañías.
Jaime Delgado Zegarra, abogado y excongresista, también indicó que la intervención de la sociedad civil es importante, pero advirtió que podrían ocurrir otras situaciones que comprometan la transparencia. “Siempre hay laboratorios que están presionando para que sus medicamentos sean incorporados. A veces, utilizan a pacientes o gremios supuestamente independientes. Todo el que participe debe revelar las relaciones que pueda tener [con la industria farmacéutica]”, señaló.
La investigadora Camila Gianella destacó que el proyecto de manual haya considerado una declaración jurada de conflicto de intereses. No obstante, señaló que no hay precisión en algunos aspectos, e indicó que el documento debe tener mayor difusión.
Tomado de Ojo Público