Con mentiras archivan acuerdo que garantiza derechos ambientales (EDITORIAL 21/10/2020)

Foto: Congreso de la República

La comisión de relaciones exteriores del Congreso de la República archivó el martes el proyecto para ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

Aún no queda clara la legalidad del procedimiento de archivo. Los congresistas Aliaga y De Belaúnde elaboraron un dictamen en minoría recomendando la ratificación del Acuerdo; como ha alertado la congresista Rocío Silva, el Reglamento del Congreso señala que habiendo un dictamen en minoría, no se puede aprobar el archivamiento del dictamen en mayoría sino que ambos deben pasar al Pleno. Además, el congresista Aliaga ha presentado un recurso de reconsideración, pidiendo que en la próxima sesión la comisión vote nuevamente el tema.

Lo que sí queda claro es que los opositores al Acuerdo de Escazú han querido imponer su posición recurriendo a una campaña de mentiras. Como ha señalado el especialista en derecho internacional, Alonso Gurmendi, “todos los argumentos en contra son fake news… no hay ni uno que sea medianamente cierto”.

El argumento central de la campaña anti-Escazú ha sido la soberanía. Lo cierto es que el acuerdo NO afecta la soberanía: reconoce explícitamente la soberanía del Estado sobre sus recursos naturales; garantiza que es el Estado quien toma la decisión sobre los proyectos que pudieran tener impactos ambientales; y establece que cada Estado puede decidir qué mecanismo de solución de controversias prefiere. Así, por ningún lado se puede entender que el Perú perdería soberanía con este acuerdo, que por el contrario lo que busca es reconocer los derechos de la ciudadanía en temas ambientales.

Pero al argumento no sólo es falso. Además, sorprende que sectores que han apostado radicalmente por una globalización económica que SÍ ha afectado nuestra soberanía, la utilicen antojadizamente como argumento para no reconocer derechos para las personas. Nunca se ha escuchado a la CONFIEP ni a los congresistas que votaron contra Escazú expresar su preocupación por el poder corporativo global, por el papel de las empresas transnacionales que extraen nuestros recursos naturales, por los tratados bilaterales de inversión o los acuerdos de libre comercio que subordinan al Estado a tribunales de arbitraje internacional de carácter privado.

Es decir, ¿la soberanía es buena cuando sirve para negar derechos, y mala cuando dificulta los negocios?

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