La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto con la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, organizaron el martes 13 de octubre el conversatorio: “Empresas y derechos humanos, ¿pueden convivir?”.
En el evento, el Representante Regional de América del Sur de la ACNUDH, Jan Jarab, señaló que “La actual emergencia sanitaria del COVID-19 ha planteado numerosos retos para la defensa de los derechos humanos. No se trata solo de una crisis sanitaria, sino además de una crisis económica y social; se puede decir que es una crisis humana y una crisis de derechos humanos”.
“La pandemia ha puesto de relieve problemas estructurales anteriores que no estuvieron resueltos, y, que con mayor razón requieren ser atendidos ahora”, destacó. Entre ellos, mencionó “Las condiciones laborales de muchas empresas, ya en sí problemáticas” que “se convierten en riesgo serio de contagio por falta de equipamiento de protección personal y por la imposibilidad de distanciamiento físico”.
Por otro lado, alertó sobre las políticas de reactivación económica que pueden poner en riesgo los derechos de las comunidades. “Existe un grave riesgo que los gobiernos, priorizando la recuperación económica sobre cualquier otro criterio, puedan abrir los territorios indígenas, los bosques e incluso las zonas protegidas, aún más a la explotación minera y varias otras actividades empresariales, con menos control, con consultas previas aceleradas o virtuales (lo que evidentemente no puede cumplir con estándares internacionales)”.
Jarab resaltó la importancia de los activistas y organizaciones de la sociedad civil. “Preocupa la fuerte tendencia de varios actores del sector privado – no solo en Perú, pero en América Latina en general – de deslegitimar a las organizaciones de sociedad civil, acusándoles de ser enemigos del desarrollo”, alertó. “Los países que limitan el acceso de la sociedad civil a la discusión terminan reduciendo el espacio cívico – terminan siendo democracias puramente formales o hasta capturadas por poderosos intereses económicos”, añadió Jarab.
“Son las y los activistas quienes, desde siglos, han conquistado los avances de derechos humanos y de la humanidad que parecieron inimaginables, – desde la gran batalla en contra de la trata de esclavos en el siglo 19, en la cual los abolicionistas también fueron acusados de ser enemigos del desarrollo económico y la esclavitud identificada por los poderosos como algo eterno, … hasta el tardío, históricamente reciente reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas”, enfatizó el representante de ACNUDH.
Por su parte el apu Berlín Diques, representante de la Plataforma Indígena Amazónica sobre Empresas y Derechos Humanos y líder de ORAU, denunció que “identificamos varios casos de empresas que han vulnerado nuestros derechos durante el estado de emergencia por la pandemia, como fue el caso de la empresa Plantaciones 8 Sur en Ucayali y las empresas Petrotal y Perenco en Loreto”. “Estas vulneraciones han continuado”, señaló, agregando que “hasta el momento no tenemos ni un solo modelo de esta debida diligencia”.
También intervino Paola Egúsquiza, representante de las Centrales Sindicales, quien denunció la figura de la “suspensión perfecta de labores”. Añadió que “salieron una serie de normas que poco a poco iban disminuyendo los requisitos” para la suspensión, “en un principio se pedían medidas previas, a lo largo de los meses ya no eran obligatorias. Ahora se ha extendido hasta enero del próximo año”, señaló.
En el conversatorio, la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos presentó las conclusiones del informe “Derechos en emergencia” sobre las vulneraciones ocurridas en el contexto de la pandemia. Así mismo, se compartió la experiencia de la sociedad civil en el proceso de participación en la elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, así como los retos pendientes en la interlocución con el Estado y los actores empresariales.
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