Una base de datos analizada por OjoPúblico, con información de más de 30 mil empresas que solicitaron acogerse a la suspensión perfecta, revela que, del total de empleos formales perdidos en la pandemia, el 55% correspondió a este mecanismo. El resto fue por vencimiento de contrato, despidos u otras modalidades. Compañías del sector comercio, manufactura y casinos se acogieron a esta medida, que afectó a un total de 328 mil trabajadores. Más de 900 empleadores recurrieron a la suspensión luego de recibir préstamos de Reactiva Perú.
Cuando el Perú culminó la cuarentena por la Covid-19, cuatro de cada diez personas habían perdido su empleo. Hasta el cierre de junio, 6 millones 300 mil personas se quedaron sin fuentes de ingresos, siendo los más afectados las mujeres, jóvenes y adultos de 25 a 44 años, profesionales con educación superior, y aquellos que laboraban en las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes).
La pandemia expuso la fragilidad de una economía que se jactaba de ser sólida, pero que tenía al 72% de su fuerza laboral en el sector informal. Un porcentaje que amenaza incrementarse con la crisis actual, pues, la caída del empleo ha sido mayor en el pequeño grupo de personas que tenía un trabajo con todos los beneficios de ley. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INEI), este sector se redujo en 13,4%; el doble de lo que disminuyó el bloque informal.
Una de las medidas que impactó directamente en el empleo formal fue el Decreto de Urgencia 038-2020, a través del cual se actualizaron las condiciones para aplicar la suspensión perfecta de labores. Este mecanismo le permite al empleador congelar el vínculo con su personal con solo presentar una declaración jurada al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), sin esperar que esta sea aprobada.
A través de un pedido de acceso a la información, OjoPúblico pudo conocer que entre el 14 de abril y el 19 de julio, 30.851 empresas privadas se acogieron a esta modalidad para separar a 328.817 empleados en todo el país. Si tenemos en cuenta que el sector formal disminuyó en 596 mil puestos de trabajo en este mismo periodo se puede afirmar que la suspensión perfecta alcanzó al 55% de las personas que perdieron su ocupación formal durante la cuarentena.
Es decir, del total de empleos formales perdidos durante la pandemia, más de la mitad (55%) correspondió al mecanismo de suspensión perfecta, y el resto, por vencimiento de contrato, despidos u otras modalidades.
Para acogerse a la suspensión perfecta el empleador debe presentar al Ministerio de Trabajo una declaración jurada, indicando que su empresa tiene pérdidas económicas y que intentó, sin éxito, otras vías para mantener a su personal en planilla, por ejemplo, disponiendo de licencias sin pago de haberes o la extensión de las labores remotas. De acuerdo al marco legal de este mecanismo, la entidad tiene 42 días para responder el pedido de la empresa.
Vencido el plazo, este se considera aceptado por la figura del silencio administrativo positivo, pero si detectan que el empleador mintió, se ordena la reincorporación y pago del personal suspendido. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es la encargada de revisar la veracidad de esta información, pero entre abril y agosto solo habían resuelto el 50% de los expedientes ingresados.
OjoPúblico solicitó, a través de la Ley de Acceso a la Información, la relación de las empresas que se acogieron a esta figura legal, pero el ministerio respondió de forma parcial, pues no incluyó el nombre de las 30 mil empresas involucradas, solo sus números de RUC. Sin embargo, este medio cruzó la información con otras bases de datos y logró identificar a 16 mil de estas compañías, las cuales concentran el 82% de los trabajadores afectados.
En el ranking de las 20 empresas que suspendieron al mayor número de trabajadores, de 1.000 a 2.600 empleados cada una, aparecen negocios de los sectores transporte, construcción, servicios y casinos.
La compañía que solicitó suspender al mayor número de empleados (2.621) fue la operadora de vuelos, almacenaje y carga, Talma Servicios Aeroportuarios, que pertenece al Grupo Sandoval y tiene presencia en 20 aeropuertos del Perú. El 2019 esta empresa se convirtió en la más grande de Sudamérica en su rubro, al absorber a su competidora LAS Servicios Aeroportuarios, de Colombia, y sumarlo a las operaciones que realiza en México y Ecuador.
Este año tenía previsto incursionar en Brasil y Centroamérica, y realizar una inversión de S/20 millones en equipos e infraestructura en sus instalaciones peruanas. Pero estos proyectos millonarios no fueron obstáculo para que Talma decidiera pedir S/10 millones en préstamos al programa estatal Reactiva Perú.
Este plan de créditos fue creado para mantener la cadena de pago a proveedores y empleados, pero su marco legal no impide que sus beneficiarios puedan recurrir a la suspensión perfecta. De hecho, las empresas que usaron este mecanismo para separar al mayor número de empleados accedieron a estos préstamos, con tasas de interés mínimas y avalados por el Estado.
OjoPúblico analizó la información de las empresas que se acogieron a la suspensión perfecta y lo comparó con la base de datos de los beneficiados por Reactiva, e identificó 5.013 empresas que recibieron créditos, por un total de S/3.584 millones, y suspendieron a 142.976 empleados. El 74% de los afectados laboraba en 817 grandes compañías, principalmente en los sectores comercio, inmobiliario, manufactura y transporte.
Aquí encontramos a Stracon S.A., contratista de los principales proyectos mineros del país que accedió a S/10 millones de los créditos estatales y separó a 2.338 trabajadores entre el 30 de abril y el 2 de junio.
El análisis de OjoPúblico también identificó que entre las 5.013 beneficiarias de Reactiva Perú hay 921 compañías que, luego de recibir el préstamo, continuaron presentando solicitudes para suspender a su personal, o empezaron a hacerlo luego de obtener el financiamiento del Estado.
Por ejemplo, la constructora de servicios mineros IESA S.A; la proveedora de servicios informáticos Salesland; la zapatería Inversiones Rubins, que opera bajo los nombres de Passarela y Footloose; las empresas de transportes Civa y Cruz del Sur, y la Universidad San Martín de Porres.
Entre las empresas que redujeron su personal luego de recibir el préstamo, encontramos a la vendedora de implementos deportivos Marathon, cuya razón social es Superdeporte Plus Perú; el Instituto SISE; la Asociación Cristiana de Jóvenes Ymca; empresas textiles y constructoras.
Tomado de Ojo Público