Confiep contra los derechos ambientales (Editorial 14/10/2020)

Una vez más, el gran empresariado se ampara en una campaña de mentiras para evitar reconocer derechos. La presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), María Isabel León, pidió al Congreso no ratificar el Acuerdo de Escazú bajo el falso argumento de que este acuerdo “abriría la puerta para que transnacionales y otros gobiernos tomen decisiones sobre nuestro territorio pensando en sus propios beneficios”.

No es difícil desmentir esta afirmación: el Acuerdo establece la participación del “público” en los procesos de toma de decisiones ambientales, pero define claramente en su artículo 2 que el público se entiende como las personas u organizaciones “que son nacionales o que están sujetos a la jurisdicción nacional del Estado Parte”, lo que excluye a transnacionales u otros gobiernos. Por si fuera poco, la participación, tal como la define el Acuerdo, permite que el público realice observaciones, pero la decisión final la toma el Estado (artículo 7), por lo cual es falso que otros actores puedan “tomar decisiones sobre nuestro territorio”, como dijo la presidenta de CONFIEP ante el Congreso.

La pregunta es por qué la principal representante del gran empresariado decide utilizar argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú. Difícilmente se podría creer que está mal asesorada, porque se trata de una institución con holgados recursos para contar con los mejores abogados del medio. Es lamentable que, en vez de expresar con transparencia sus razones para oponerse al Acuerdo, la CONFIEP prefiera rebajar aún más el nivel del debate público confundiendo a la ciudadanía con información que no es verdadera.

Sería mucho más honesto que la CONFIEP dijera que se opone a reconocer los derechos que consagra Escazú: los derechos a la participación, a la información y a la justicia en temas ambientales. Estos derechos, en buena medida, ya están reconocidos en nuestra legislación nacional, pero reconocerlos al nivel de un compromiso internacional los convertiría en parte de nuestro bloque de constitucionalidad, impidiendo que sean desconocidos o desnaturalizados por futuros gobiernos mediante normas de menor jerarquía.

Hoy miércoles 14 de octubre, nos enteramos que el líder de la comunidad de Unipacuyacu, Jesús Cahuasa, ha sido amenazado por teléfono tras denunciar la invasión de sus territorios ancestrales. La semana pasada, un miembro de la organización indígena de Ucayali, ORAU, fue baleado; y un líder ambientalista de Ayavaca fue acuchillado por su oposición a la actividad minera. Este año ya van cinco defensores ambientales asesinados. ¡Cómo no entender la urgencia de garantizar la seguridad y protección de los defensores ambientales, que es precisamente el principal aporte del Acuerdo de Escazú!

Desde aquí hacemos votos para que los y las congresistas no se dejen manipular por esta campaña de mentiras y ratifiquen el Acuerdo de Escazú, como ya lo han hecho 10 países de América.

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