Defensores amenazados
En el reporte de esta semana, registramos dos nuevos atentados contra defensores ambientales. El primer caso es el de Ismael Acha, dirigente social de Ayavaca (Piura), quien fue acuchillado por otra persona que le cuestionaba su oposición al proyecto minero Río Blanco. El segundo caso es el de José Luis Malpartida, administrador de la organización indígena de Ucayali ORAU, que fue herido de bala en un supuesto asalto; horas más tarde, los dirigentes de ORAU Berlin Diques y Jamer López recibieron un mensaje intimidatorio: “esta es solo una advertencia”.
Como lo constatamos semana tras semana, la situación de los defensores ambientales es de muy alto riesgo en el Perú. Solo en lo que va de la pandemia, cinco líderes ambientales fueron asesinados: Roberto Pacheco, defensor del bosque contra la deforestación y la minería ilegal en Madre de Dios; el apu cacataibo Arbildo Meléndez, asesinado por invasores de tierras en Huánuco; el joven ashéninka Benjamín Ríos, presuntamente asesinado por narcotraficantes en Ucayali; Gonzalo Pío Flores, líder asháninka opositor a la tala en Junín; y Lorenzo Wampagkit, guardaparque y defensor de la naturaleza asesinado en Amazonas.
El asesinato y el amedrentamiento a los líderes ambientales tiene que ver con su defensa del territorio y de la naturaleza ante distintas actividades económicas que movilizan poderosos intereses. En muchos casos estas actividades son informales o abiertamente ilegales, como el narcotráfico. En otros casos, se trata de conflictos vinculados a empresas formales, como ocurre con la minera Río Blanco, un caso que carga con una larga historia de violencia, torturas y muerte ante la oposición de las comunidades a la actividad extractiva. Lo mismo ocurre con el conflicto entre la familia Acuña Chaupe y la empresa minera Yanacocha, que esta semana ha tenido una importante sentencia del Tribunal Constitucional. Otros casos similares tienen que ver con las empresas agroindustriales que deforestan miles de hectáreas de la selva amazónica ante la oposición activa de las comunidades, como el caso de Tamshiyacu en Loreto, que también espera en los próximos días una sentencia decisiva; así como el papel clave de los monitores ambientales que documentan los derrames petroleros en la Amazonía.
Pero en muchos otros casos, se trata de conflictos que tienen que ver con una compleja cadena de suministros en la cual intervienen actividades informales, ilegales y formales. Son los casos de la minería y la tala ilegal, actividades realizadas por actores al margen de la ley pero articulados a mercados formales no sólo nacionales sino globalizados. Como es muy conocido, la madera de la tala ilegal y el oro de la minería ilegal acaban embarcados en los puertos con todos sus papeles en regla, pagando impuestos y declarando en Aduanas.
Por ello, se requiere un abordaje integral, que parta por reconocer y valorar el papel de los defensores ambientales en el territorio y su aporte al cuidado de la Naturaleza; y que integre acciones para combatir las actividades informales e ilegales, garantizar el cumplimiento pleno de los derechos humanos por parte de las empresas formales, y exigir la debida diligencia de las mismas para garantizar que en su cadena de sumistros no se produzcan violaciones a los derechos humanos.
Pese a la gravedad de la situación, ni el Gobierno ni el Congreso toman cartas en el asunto. Hace unos días, el ministro del Interior sorprendió a todos al declarar en Palacio de Gobierno que no tenía conocimiento de que los líderes asesinados hubieran pedido garantías. Por su parte, los congresistas arrastran los pies para no aprobar el Acuerdo de Escazú, enredados en una campaña de mentiras sobre un acuerdo que establece la obligación estatal de garantizar un entorno seguro y propicio para las personas que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.
